Según afirmó hoy Facua, en aquel año la compañía que preside César Alierta anunció que crearía una base de datos de consumidores "a la carta" para, en función de sus perfiles, remitirles publicidad de productos ajenos, lo que "es una práctica prohibida por la legislación en materia de telecomunicaciones".

La Federación ha remitido sus denuncias al Defensor del Pueblo y a los mismos organismos a los que pidió a finales de 2003 que bloqueasen el "negocio" que pretendía poner en marcha Telefónica, cuando la compañía envió un escrito a sus abonados anunciándoles que trataría sus datos personales junto con los de facturación para enviarles publicidad de terceras empresas si no se oponían por carta en el plazo de un mes.

A juicio de Facua, se trata de una práctica ilegal porque vulnera el Real Decreto 1736/1998, que establece que los datos sobre el tráfico telefónico y la facturación "sólo podrán ser tratados por los operadores con objeto de realizar la facturación y los pagos de las interconexiones" y deberán ser destruidos tras el "el plazo durante el cual pueda impugnarse la factura o exigirse el pago".

Unicamente se permite que las compañías traten dichos datos "para la promoción comercial de sus propios servicios de telecomunicaciones, siempre y cuando el abonado haya dado su consentimiento previo".

Por ello, los consumidores criticaron la pasividad de la APD, dependiente del Ministerio de Justicia, que ha mantenido más de un año paralizado el expediente que abrió en noviembre de 2003, así como a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que no dio respuesta a la denuncia.