Así lo denunció este miércoles en rueda de prensa el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, que desglosó los principales resultados de un análisis realizado por la entidad sobre la evolución de la tarifa semirregulada de la luz (PVPC) y según el cual “muy atrás” quedan los 958,41 euros de 2012, ejercicio que, según sus cálculos, ahora está “relegado al tercer puesto del ranking” y sobre el que la factura de 2022 supone un incremento del 60,5%.

Tras puntualizar que el usuario medio consume 366 kilovatios hora mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios, la asociación recordó que durante 2022 los consumidores españoles tuvieron también que pagar “los tres recibos más caros a nivel histórico”, dado que la factura del usuario medio alcanzó en marzo los 176,73 euros, en agosto los 158,30 euros y en julio los 142,40 euros.

Sánchez lamentó que en los últimos 20 años las tarifas han sufrido “vaivenes importantes” y criticó que, actualmente, las eléctricas están “aprovechando” el mercado marginalista, subasta que, a su juicio, “permite, de alguna manera, hacer trampas y aprovechar el coste de oportunidad para inflar enormemente los precios”.

“En estas coyunturas hemos visto cómo se han aplicado subidas históricas por aprovechar momentos concretos por parte del sector energético”, denunció, para mostrarse “consciente” de que el Gobierno ha “hecho una serie de esfuerzos” por llevar a cabo medidas “que contuvieran la subida”, convencido de que las mismas “han ido en el buen camino, pero han sido insuficientes”.

En este punto, dijo “confiar” en que a lo largo de este año “no vamos a repetir precios tan altos como los del conjunto de 2022” como “fruto” de la fijación de un tope al gas y de “no permitir que las empresas que queman gas para la producción energética puedan superar un determinado nivel", de manera que el resto de empresas de generación "se aprovecharían de esos altísimos precios del gas para cobrar los mismos".

EXCESO DE POTENCIA CONTRATADA

Junto a ello, avanzó que “en breve” la organización presentará un informe sobre lo que “supone” el “exceso” de potencia contratada por los hogares españoles debido a que los consumidores “no tienen conciencia clara sobre cuál es la potencia idónea a contratar en una vivienda” y por el hecho de que siete de cada diez viviendas “tiene contratada una potencia por encima de la que le corresponde”.

“Son muchos cientos de millones de euros de más lo que estamos pagando y el Gobierno debe lanzar una campaña institucional para ayudar a los consumidores a conocer el concepto de la potencia contratada y que la optimicen para ahorrarse cantidades importantes al año, que son muchos cientos de millones”, reiteró.

Por último, también se refirió al bono social, en torno al cual el Ejecutivo ha dado, a su entender, “avances insuficientes pero significativos en cuanto a la masa de beneficiarios potenciales”, si bien reclamó una “gran campaña de comunicación” porque, según su punto de vista, “no crece de forma considerable el número de familias que lo tienen pese a que hay muchos más consumidores potenciales con derecho a él desde la última reforma aprobada”.