Así lo explicó este viernes en un comunicado la confederación Plena inclusión España, que engloba a 950 asociaciones de personas con discapacidad intelectual y sus familias, y que habitualmente promueve el uso de esta figura en procesos judiciales en los que se ven inmersas personas de este colectivo.

La coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, Inés de Araoz, señaló que “esta figura profesional tiene como función apoyar a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes y el apoyo adecuado”.

Este nuevo perfil profesional del facilitador judicial que empieza a extenderse en las actuaciones policiales o procesos judiciales en los que las personas con discapacidad intelectual participan como acusadas o testigos, según Inés de Araoz, “por principio, debe ser neutral y no hablar en nombre de las personas con discapacidad ni del sistema de justicia, ni dirigir o influir en las decisiones o resultados”.

Asimismo, destacó la labor del facilitador judicial, que “apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo" durante un proceso judicial o policial “para que ejerzan su derecho de acceso a una justicia sin discriminaciones”.

Esto es lo que está ocurriendo en el crimen de Mocejón, donde una facilitadora judicial acompaña al joven de 20 años que, según confesó a la Guardia Civil al ser detenido, mató a un niño de 11 años en el polideportivo del pequeño municipio de Toledo. Una vez que los agentes le pusieron el jueves a disposición judicial, el acusado está siendo ayudado por una persona que le explica el proceso en el que está inmerso para asegurarse de que lo entienda con su discapacidad. También contribuye a que las explicaciones que aporta ante el juez sea correcto y comprensible.

Plena inclusión recalcó que defiende la intervención de esta figura del facilitador judicial como “una garantía en favor de la accesibilidad cognitiva para las personas con dificultades de comprensión en los procesos judiciales (tanto como presunto acusado, como en su condición de testigo o víctima), al tiempo que propone que este nuevo perfil profesional se extienda en el sistema judicial español”.

MÁS APOYO EN LAS PRISIONES

Asimismo, esta entidad que representa al colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo destacó que lleva "30 años acompañando a cientos de personas con discapacidad en centros penitenciarios de todo el país”.

Su propósito es desarrollar proyectos en varias cárceles del país para preservar el apoyo que necesitan cientos de internos con discapacidad intelectual que cumplen penas de reclusión.

Plena inclusión denunció “los casos de indefensión con los que deben enfrentarse a menudo estas personas en los centros penitenciarios españoles”.

En concreto, se refirió a un informe sobre prisiones elaborado por dicha entidad que señala que “solo en el 31% de procedimientos judiciales se tiene en cuenta la discapacidad intelectual de la persona juzgada”.