Al término de una reunión entre ambas partes, los fabricantes se mostraron conformes con el cobro de una cantidad para remunerar a los creadores y productores fonográficos y videográficos, según prevé la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada ya en el Congreso de los Diputados y pendiente de debate en el Senado.

El único punto que queda ahora por concretar es si esa cantidad se incrementará en el precio de las cintas de grabación y los aparatos reproductores con lo cual sería el comprador quien cargase con el pago de ese canon, o si debe deducirse del margen de ganancia que tienen los fabricantes.

En este sentido, Antonia Ruiz, representante de la Unión de Consumidores de España (UCE), manifestó que, además de reconocer el derecho del autor hay que defender el derecho y la protección del consumidor.

Carlos Grande, director de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, afirmó que "la industria no copia, pero se beneficia claramente de la copa privada; por ello ha de ser la industria, como señala la ley, la que pague este reconocimiento al creador, y no el consumidor".

Finalmente, la discusión se centró en el pago de los atrasos devengados desde el 1 de julio de 1989, fecha en que debió entrar en vigor la ley, que hasta ahora no se ha aplicado por falta de entendimiento entre las partes para fijar la cantidad a pagar. La diferencia de las cifras de ventas aportadas por unos y otros dificulta la determinación de la cuantía a pagar.