La propuesta cuenta con el apoyo de la comisaria de Política de los Consumidores, Emma Bonino, y se basa en la preocupación que existe sobre la posible incidencia que pueden tener algunos productos de PVC, fundamentalmente los mordedores de bebés, en la salud de los usuarios.

Sin embargo, el secretario general de Toy Industries of Europe (TIE) señaló que "si existiese, en algún mometo, el más mínimo riesgo para los niños, seríamos los primeros en retirar esas sustancias".

Los fabricantes consideran que la propuesta es consecuencia de la campaña emprendida por Greenpeace contra el PVC, y aseguran que los argumentos de los ecologista se sustentan en la investigación realizada por un laboratorio propio de esta organización.

Por el contrario, afirmaron que decenas de organismos independientes coinciden en señalar que este plástico no es nocivo para las personas.

Según la TE, la prohibición de los juguetes de PVC pondría en peligro el 40 por ciento de los productos disponibles actualmente en las tiendas europeas y amenazaría más de 15.000 empleos en la UE.