La reforma estatutaria que propondrá la Presidencia de Ezker Batua para atribuir en última instancia a la federación la decisión sobre alianzas sí que permitirá, según explicaron a Servimedia fuentes de esta formación, abrir expediente contra los cargos públicos que alcancen acuerdos contrarios a la política de pactos acordada.

Estas fuentes explicaron que los Estatutos establecen mecanismos disciplinarios para asegurar su cumplimiento, por lo que la Comisión de Garantías contará, en caso de que esta reforma se haga efectiva, con un resorte para expedientar a los cargos públicos que asuman una competencia que no les corresponda.

El portavoz de la Presidencia de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, aseguró el miércoles que propondrá, en la Asamblea General que celebrará los días 31 de mayo y 1 de junio, que se modifiquen los Estatutos de modo que, en el futuro, las decisiones de este "calado" y de ámbito "supramunicipal", como la moción de censura en Mondragón, no sean competencia exclusiva de la asamblea local.

En la actualidad, el artículo 36.e de los Estatutos de Ezker Batua, incluyen entre las competencias del Pleno de la Asamblea de Base "aprobar las alianzas con otras fuerzas políticas del ámbito municipal, así como los programas de Gobierno local, en el caso de gobernar con otras fuerzas políticas".

La enmienda que la dirección actual de Ezker Batua propondrá a la asamblea implicaría atribuir esta competencia, en última instancia, a los máximos órganos de dirección de la federación, por lo que a partir de ese momento los acuerdos contrarios que puedan alcanzar los cargos o asambleas municipales se considerarán un incumplimiento de los Estatutos.

El artículo 26 de los Estatutos, que detalla los derechos y deberes de los cargos públicos, dispone, tal y como están redactados actualmente, que "la actuación y voto de los cargos públicos de Ezker Batua Berdeak dentro de las instituciones quedarán vinculados por los acuerdos aprobados por la dirección política o el grupo institucional correspondiente según sus competencias".

El artículo 68 contempla la posibilidad de imponer sanciones que van desde la amonestación interna y/o pública a la suspensión de uno a seis meses de los derechos de afiliación, ya sea en su totalidad o en parte, y la expulsión, como medida excepcional, para casos de reincidencia o de particular gravedad.