A juicio de Crtés, la reducción de la cuantía económica del PER "es perjudicial para los jornaleros del campo y el Gobierno, porque contribuye a crear una mala imagen en los jornaleros extremeños después de anunciarles cuantiosas inversiones".

Para Cortés, esta decisión del Ejecutivo central "reducirá el empleo y, lo que es más grave, contribuirá a que los jornaleros continúen cometiendo fraude y a la cautividad de los trabajadores, que tendrán que seguir pidiendo peonadas o rogando a alcaldes y empresarios que le estampen la peonada para cobrar el subsidio por desempleo".

Cortés señaló que "se mantiene la firma del patrón como requisito necesario e indispensable para poder acceder al subsidio por desempleo agrícola", y agregó que "en Extremadura y en Andalucía se darán 800.000 peonadas menos en 1994, y las que se perderán en Extremadura serán 250.000 peonadas de empleo público".