Este documento, que actualmente esta pendiente de dictamen por parte del Consejo Económico y Social autonómico y al que ha tenido acceso Servimedia, establece que "esta distinción será otorgada a aquellas empresas que acrediten haber adoptado, y mantengan vigentes, medidas más allá de las impuestas legalmente en materia de protección de trabajadores, integración laboral, compromiso con la comunidad, transparencia y respeto al medio ambiente".

Las empresas que reciban dicha distinción tendrán ayudas y beneficios fiscales, como la deducción del 100 por cien del importe a aplicar sobre la cuota liquida del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

También se establece la deducción del 10 por ciento del importe de la cantidad aportada a aplicar sobre la cuota líquida del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, del Impuesto de Solares sin Edificar y Edificaciones Ruinosas, del Impuesto sobre la Producción y Transporte de Energía que incidan en el medio ambiente y del Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos.

Además, los órganos de contratación de la Junta de Extremadura podrán exigir en los procedimientos de contratación pública, como condición que deben cumplir las empresas adjudicatarias, el objetivo de responsabilidad social empresarial.

Por esta ley también se crearán el Premio a la "Empresa Socialmente Responsable de Extremadura", un registro de empresas socialmente responsables de la comunidad autónoma y una Comisión para el Fomento de la Responsabilidad Social de Extremadura.