De esta manera, se evitará el incremento de la inmigración ilegal en España y se regularizará la situación de las personas que están aquí irreglarmente pero tienen arraigo, como lo demuestra el hecho de haber tenido permiso de residencia.

Así consta en la enmienda número 47, de las 112 presentadas por el PP al actual texto de Ley de Extranjería, lo que supone una de las modificaciones más rotundas y, según el portavoz del PSOE en el Senado, Juan José Laborda "un retroceso frente a la actual legislación".

Según esta enmienda, el inmigrante, además de demostrar su estancia en España durante dos años ininterrumpidos, estar empadronado y diponer de medios económicos para atender a su subsistencia, debe contar con ese permiso previo.

Con esta medida, el PP considera que se evita el "efecto llamada" de una ley demasiado abierta y también se impulsa a los inmigrantes que ya viven en España y cumplen estos requisitos a legalizar su situación.

En cuanto a la residencia permanente, el PP pretende que se exija que los inmigrantes hayan cumplido todos estos requisitos y además hayan vivido "de forma ininterrumpida" en España durante los úlimos cinco años.

Otro de los puntos claves se centra en la concesión de visados. Los populares consideran, según su enmienda número 39, que la potestad de otorgar o rechazar los visados debe seguir los criterios adquiridos por España con otros países, especialmente con la UE, en materia de política de inmigración, política económica y seguridad ciudadana.

Por ello, consideran que tal y como está la ley, la denegación del visado puede ser recurrida en todos los casos ante los tribunales, lo que llvaría a la judicialización en los procesos de entrada de inmigrantes, algo que podría colapsar la jurisdicción contencioso-administrativa y retirar al Gobierno el control sobre los flujos migratorios.

MATRIMONIO DE CONVENIENCIA

En cuanto a los derechos de los inmigrantes, la primera enmienda de los populares considera "una incoherencia" que la nueva ley insista en la "igualdad con los españoles", puesto que ni siquiera la Constitución Española establece la citada igualdad en cuanto a derechos y libetades entre españoles y extranjeros.

Asimismo, se exige que para que un inmigrante pueda presentarse a las eleciones en España, un español pueda hacer lo mismo en su país de origen, se rechaza un padrón especial para extranjeros y el derecho a la educación no obligatoria debe condicionarse a la residencia legal en España.

Respecto a la reagrupación de familias, se obliga a una convivencia mínima de 2 años de la pareja -demostrada-, para evitar matrimonios de conveniencia.