SOS Racismo pide al Gobierno que explique con claridad "qué piensa hacer cn los ciudadanos que no han podido regularizar su situación, ya que pueden ser expulsados de nuestro país, recluidos en un centro de internamiento o caer en manos de redes de explotación laboral".

Según esta organización, el gran número de peticiones de regularización que se ha producido, que han superado con creces las previsiones oficiales, obedece fundamentalmente a tres causas: "estudiantes con permiso de formación que ahora lo piden de trabajo, ciudadanos con 5 o 10 años viviendo en España y que iden una renovación del permiso, y que este año no ha habido política de cupos".