En esa línea, proponen en una enmienda que todos los extranjeros que se encuentren en España puedan ejercer el derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulen para los españoles.

Especialmente extensa y pormenorizada es la enmienda relativa al derecho a la educación, sobre el que proponen que todos los extranjeros menores de 18 años tienen derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que los españoles.

Esa enmienda propone que la educación básica de los hijos de los extranjeros será impartida en condiciones de "plena integración" en el sistema nacional de enseñanza y "prohibe" el establecimiento injustificado de clases exclusivas o separadas para los hijos de los extranjeros, "así como las concentraciones que puedan comportar segregación".

Otras enmiendas socialistas reconocen a los trabajadores extranjeros el derecho de sindicación y de huelga, y en otra se regula extensamente el derecho a la reagrpación con los parientes que constituyan su familia.

POLIGAMIA, NO

Esta última enmienda socialista propone que "en ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge o conviviente, aunque la ley personal del extranjero admita esa modalidad matrimonial".

Por otra parte, las propuestas socialistas hacen una discriminación positiva con las zonas geográficas de mayor vinculación histórica con España. "Los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes y las personas orignarias de la ciudad de Gibraltar cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta ajena, tendrán preferencia para trabajar en España sobre otros extranjeros", dice una de esas enmiendas.

Los socialistas piden también que el Gobierno establezca anualmente el número y las características de las ofertas de empleo para trabajadores extranjeros que no se hallen ni sean residentes en España.

FONDO NACIONAL

Asimismo, el Grupo Socialista propone crear un Fonso Nacionl para la Integración Social de los Inmigrantes, que se constituirá con el total de los recursos económicos procedentes del importe de las tasas establecidas por la concesión de las autorizaciones administrativas de trabajo y establecimiento de los extranjeros en España y las sanciones que se impongan en aplicación de la ley de extranjería.

Los socialistas plantean también una disposición adicional para que el Gobierno adopte las medidas necesarias que permitan la regularización de todos aquellos inmirantes que se encuentren en España y que habiendo presentado solicitud de regularización al amparo de lo previsto en el real decreto 239/2000 de 18 de febrero, hayan visto denegada la misma, exclusivamente, por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999.