La reforma aprobada, la cuarta normativa de extranjería n las dos últimas legislaturas, plasma un acuerdo de PP, PSOE y Coalición Canaria para modificar la Ley de Extranjería 8/2000.

Entre los puntos destacados de esta reforma se encuentra la simplificación de los trámites administrativos en la gestión de permisos y visados, la creación de un nuevo visado de tres meses para la búsqueda de empleo, el endurecimiento de las penas por la contratación de inmigrantes irregulares y las obligaciones de los transportistas de informar de los turistas que no regresana sus países de origen.

Asimismo, esta reforma permite a la Policía acceder a los datos del padrón municipal, facilita el permiso de residencia a las inmigrantes maltratadas y evita la reagrupación familiar en cadena.

Durante este último trámite de la reforma, PP, PSOE, CC y Entesa Catalana fueron rechazados tres vetos del Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna e IU. También fueron rechazadas las 142 enmiendas que presentaron a este texto el grupo mixto y los grupos nacionalistas vascos (PV) y catalán (CiU).

La senadora de EA Inmaculda Boneta rechazó esta reforma, por entender que no va a lograr los objetivos que persigue, como frenar la inmigración irrgular y fomentar la regular. Además, criticó duramente que la futura legislación de extranjería permita a la Policía acceder a los datos del padrón.

El senador José Cabrero Palomares, de IU, y Anxo Quintana, del BNG, coincidieron en destacar que el texto aprobado no da solución a los miles de inmigrantes irregulares que se encuentra en España, entre ellos muchos hijos de emigrantes españoles. Además, lamentaron que a este colectivo no se le reconozca los derechos de asociación, sindicación y huelga y que a la Policía se le permita acceder al padrón municipal.

José Mendoza, de CC, mostró su apoyo a esta reforma, pero advirtió de que en el futuro habrá que modificarla para adaptarla a los continuos cambios del fenómeno migratorio. Además, destacó la necesidad de que los partidos políticos acuerden una política integral de inmigracón, que incluya como principio fundamental el implementar programas de cooperación al desarrollo en aquellos países de los que proceden la mayoría de los inmigrantes.

Por su parte, el senador de CiU Domenec Sesmilo reiteró una vez más la necesidad de que las comunidades autónomas tengan mayores competencias en la gestión de los flujos migratorios.

Mario Mansilla, senador del PSOE, se felicitó por el acuerdo alcanzado con el PP para reformar la legislación de extranjería y se mostró esperanzado enconseguir consensos similares en otras cuestiones de la política de inmigración.

El senador del PNV Joseba Aurrekoetxea lamentó que el PP, PSOE y CC se hayan limitado al acuerdo de reforma alcanzado en el Congreso de los Diputados y no hayan aceptado ninguna de las enmiendas presentadas al texto.

Desde el PP, las senadoras Rosa Vindel y María del Mar Agüero defendieron esta reforma por enteder que facilitará la gestión de los flujos migratorios y avanza en la lucha contra las mafias que trafican on seres humanos.

En este sentido, Vindel destacó que, en lo que va de año, el Gobierno ha repatriado a más de 70.000 inmigrantes irrergulares y ha desarticulado más de 500 redes de inmigración irregular.

Además, la senadora Agüero le recordó al senador catalán Sesmilo que las competencias en materia de extranjería son exclusivas del Ministerio del Interior, cuestión por la que rechaza la reivindicación de CiU para que las comunidades autónomas tengan mayores competencias en esta cuestión.

Fnalmente, Agüero agradeció al PSOE y a Coalición Canaria el esfuerzo realizado para consensuar esta reforma, que según dijo, facilita a los inmigrantes el ejercicio de sus derechos con garantías.