Especialmente extensa y pormenorizada es la enmienda relativa al derecho a la educación, sobre el que proponen que todos los extranjeros menores de 18 años tienen derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que los españoles.

Esa enmienda propone que la educación básica de los hijos de los extranjeros será imartida en condiciones de "plena integración" en el sistema nacional de enseñanza y "prohibe" el establecimiento injustificado de clases exclusivas o separadas para los hijos de los extranjeros, "así como las concentraciones que puedan comportar segregación".

Otras enmiendas socialistas reconocen a los trabajadores extranjeros el derecho de asociación, sindicación y de huelga, y en otra se regula extensamente el derecho a la reagrupación con los parientes que constituyan su familia.

POLIGAMIA, NO

Esta última enmienda socialista propone que "en ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge o conviviente, aunque la ley personal del extranjero admita esa modalidad matrimonial".

Los socialistas piden también que el Gobierno establezca anualmente el número y las características de las ofertas de empleo para trabajadores extranjeros que no se hallen ni sean residentes en España.

FONDO NACIONAL

Asimismo, el Grupo Socialista propone crear un Fondo Nacional para la Integración Social de los Imigrantes, que se constituirá con el total de los recursos económicos procedentes del importe de las tasas establecidas por la concesión de las autorizaciones administrativas de trabajo y establecimiento de los extranjeros en España y las sanciones que se impongan en aplicación de la ley de extranjería.

Los socialistas plantean también una disposición adicional para que el Gobierno adopte las medidas necesarias que permitan la regularización de todos aquellos inmigrantes que se encuentren en España y ue habiendo presentado solicitud de regularización al amparo de lo previsto en el real decreto 239/2000 de 18 de febrero, hayan visto denegada la misma, exclusivamente, por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999.

En otra enmienda proponen otra disposición adicional para que el Gobierno proceda a remitir al Congreso en el plazo de seis meses un proyecto de modificación del régimen local que permita la participación de los extranjeros residentes en las decisiones mnicipales que les conciernan.