Blanco hizo esta precisión en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, ante el mensaje del delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, que ayer señaló que el Partido Socialista a veces parece dispuesto a hablar de reforma de la ley y a veces no.

"No nos sentaremos en ningún momento a negociar esta ley tal como está planteada hoy día y va a Consejo de Ministros", dijo Delia Blanco, quien señaló que esa reforma "es la mirada más dura y más frme del Gobierno de la derecha, vulnera derechos fundamentales de los inmigrantes y, sobre todo, en temas como la expulsión, plantea claros problemas de anticonstitucionalidad".

En opinión de la portavoz socialista, el Gobierno pretende sacar esta ley sin consenso, "se conforma con el consenso de Coalición Canaria y quizá el de CiU, pero no quiere hablar de extranjería ni con los grupos parlamentarios y los partidos políticos, ni con los sindicatos ni con las organizaciones sociales del Foro para la Imigración".

En este sentido, lanzó la advertencia al Gobierno de que "difícilmente podrá abordar el problema global de la inmigración sin consenso de las organizaciones sindicales, sociales y del resto de los partidos políticos".

PROBLEMAS TECNICOS

Recordó que el Grupo Socialista ha mantenido desde el primer momento que quiere que la ley "camine" y que una vez que haya echado a andar y se pueda evaluar "ver los problemas, fundamentalmente técnicos, no de principios, de la actual ley".

Asimsmo la portavoz socialista criticó algunos de principales aspectos de la reforma que pretende el Gobierno.

En el reagrupamiento familiar, dijo, esta ley es una marcha atrás. "Inmigrante reagrupado con su familia es igual a buena inserción en nuestra sociedad", aseveró antes de señalar que la reforma de la ley "va en sentido contrario a donde camina toda Europa", en alusión a la próxima directiva europea.

Asimismo resaltó que en el tema de expulsión, la reforma plantea "práctiamente un estado de ecepción para los inmigrantes", y en el tema de menores es "especialmente grave porque sólo contempla" el periodo de la educación gratuita y obligatoria".

Finalmente, agregó que dejar a la discrecionalidad del Gobierno el contingente anual de inmigrantes, supondrá "crear una mafia más", la de quienes vendan los precontratos de trabajo en los lugares de origen de los inmigrantes.