"Una de las cuestiones que ha quedado mal solucionada en el reglamento es el plazo de 48 horas para la expulsión en los procedimientos no ordinarios", subrayó Fernando Mariño, presidente de APDHE, en declaraciones a Servimedia.

En su opinión, un plazo de 48 horas "es brevísimo", y puede hacer que el procedimiento de expulsión carezc de garantías claras. "Se podrían dar situaciones en las que se viole el derecho a la tutela judicial efectiva", advirtió.

También mostró su desacuerdo con la "burocracia" que, según dijo, se establece en torno a la concesión de los persmisos de trabajo y de residencia. "Hay un conjunto de regulaciones que prolongan y hacen pesado el proceso, y la petición puede prolongarse en su decisión hasta tres o cuatro meses".

Eso, añadió, vinculado a las dificultades para obtener el visado, hacen que el relamento sea en eso bastante pesado, poco ágil, "y es peligroso para la agilización de la venida de los trabajadores", apuntó.

Asimismo, Mariño consideró que el reglamento "podría haber sido más cuidadoso" con el problema de la no renovación de los contratos de los trabajadores extranjeros en supuestos de crisis. "Ahí se deja demasiado abierta la posibilidad de esa no renovación, apenas sobre la base de que hay una crisis económica y que se necesitan esos puestos".

Al margen de estas consideracions, el presidente de la asociación Pro Derechos Humanos recalcó que las garantías que ofrezca este reglamento van a depender mucho del modo en que se aplique y de la buena voluntad que haya. "Ahora el reglamento hay que leerlo con atención, es un reglamento prolijo y muy detallista en muchas cosas", indicó.

Por último, sobre la entrada en vigor del reglamento fijada para el próximo 1 de agosto, Mariño se mostró soprendido y opinó que debería haber entrado en vigor más adelante y dejar que el proceso deregularización continuase sobre las bases anteriores.