Las organizaciones que han firmado el comunicado y que en su día pidieron a Múgica que recurriera la ley son CCOO, IU, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Confederación de Asociaciones de Vecinos de España (CAVE), la Asociación pro Derechos Humanos, Médicos sin Fronteras y Red-Acoge-ndalucía Acoge.

El documento señala que Múgica hace una interpretación "incorrecta" de su función, al juzgar la constitucionalidad de la ley, y no atender la petición de un colectivo para que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre esa normativa.

Tras recordar la tradición garantista que ha consagrado las actuaciones del Defensor con el colectivo de inmigrantes, los firmantes del documento manifiestan que la decisión de Múgica "establece un punto de inflexión en esa trayectoria d defensa de los derechos de las personas".

Además, este colectivo expresa su preocupación por la "insensibilidad" del Defensor ante "el clamor de una buena parte de la sociedad civil" que le pidió que recurriese la ley. A renglón seguido, pregunta a Múgica: "¿A qué Pueblo está defendiendo?".

Finalmente, los firmantes del documento muestran su "preocupación y decepción por la omisión activa del Defensor del Pueblo" frente al colectivo de inmigrantes, tan necesitado de su protección, aseguran.

José Antonio Moreno, de CCOO, declaró, en rueda de prensa, que Múgica ha "sido incompetente por exceso, por valorar la constitucionalidad de la ley, y también por defecto, porque estaba obligado moral, institucional y socialmente a interponer recurso de inconstitucionalidad" contra la referida ley.

Por su parte, la responsable de Política Social y Migraciones de IU, Susana López, pidió, una vez más, la dimisión de Enrique Múgica, por "considerarlo invalidado" para ejercer su cargo.

Finalmente, elportavoz de Médicos Sin Fronteras, Pablo Ugarte, acusó al Defensor del Pueblo de "posicionarse claramente por los postulados que mantiene el Gobierno del PP" en relación a esta normativa.