En su opinión, desde que la actual Ley de Extranjería entró en vigor, en febrero pasado, no ha habido tiempo para comprobar sus efectos positivos o negativos, entre otras razones "por el incumplimiento por parte del Gobierno de su desarrollo reglamentario"

Jueces para la Democracia argumenta que la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el Gobierno pretende volver a un tratamiento exclusivamente policial de la entrada y permanencia de extranjeros en España y limita los derechos a la asistencia jurídica gratuíta y al reagrupamiento familiar, las posibilidades para obtener el permiso de residencia y trabajo y el derecho a la educación obligatoria para menores de dieciocho años.