Llamazares, que se reunió esta mañana con Rajoy en la sede del Ministerio de Interior, explicó que IU quiere que algunos aspectos del reglamento de la Ley de Extranjería se modifiquen de forma sustancial, para que "esa reglamentación sea humanitaria e integradora".

En este sentido, señaló que IU "no está de acuerdo con las fórmulas que se establecen en materia de visado, ni con las restricciones a la regularización, ni con otros requistos de ese reglamento. Nos parece un reglamento entre el continuismo y el endurecimiento de la política de inmigración en nuestro país".

Por ello, añadió, "queremos influir en la negociación y queremos influir en una visión más unitaria y más integradora del reto de la inmigración en nuestro país".

Llamazares también comentó que ha transmitido a Rajoy la posición "firme" de IU de buscar los mecanismos para recurrir la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional.

"Pensamos, al contrari que el PP y que el Gobierno, que aspectos muy importantes de la ley son inconstitucionales, como limitar derechos a los inmigrantes en función de si son inmigrantes 'con papeles' o 'sin papeles', el derecho a la enseñanza en tramos no obligatorios y la protección juridica a los inmigrantes".

En este sentido, destacó que "los derechos fundamentales son globales y deben ser objeto de protección y garantías. Nos parece peligroso que, basándose en sentencias discutibles, se establezca una diferencia entr derechos que le son aplicables a los inmigantes en general y a aquellos que no le son aplicabes a los inmigrantes 'sin papeles'", concluyó.

Además, Llamazares señaló que ha pedido al Gobierno que aplique de forma generalizada el Acuerdo de Barcelona para regularizar tanto a los extranjeros "sin papeles" que se han encerrado en distintos puntos de España como a los que no se han movilizado.

Finalmente, el coordinador general de IU mostró su "preocupación por el silencio del Defensor del Pueblo" sbre la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Extranjería. "Nos parece que si ese silencio dura más tiempo, se puede convertir en un silencio ominoso para el Defensor del Pueblo, que tiene como principal tarea y responsabilidad defender los derechos fundamentales".

"Pensamos que el recurso es indeludible con más de 600 peticiones personales, colectivas e institucionales. El Defensor del Pueblo no puede ser el último en recurrir y, sobre todo, no puede dar la callada por respuesa", recalcó.