En su escrito, Labordeta propone la devolución del proyecto al Gobierno, por entender que "está más cercano a una ley de control policial que a una ley de integración".

En la misma línea, IC-Verds señala que con esta reforma aumentará la irregularidad de la inmigración y las situaciones de indefensión. "La reforma", dice Joan Saura, "nos conduce a una concepción sobre la inmigración en la que a los aspectos de orden público se les da prioridad sobre los de integraciónsocial, lo que a su vez repercute sobre la visión que la sociedad tiene de la inmigración, contribuyendo negativamente al combate contra el racismo y la xenofobia en el que España está comprometida, de acuerdo con nuestras leyes y los tratados internacionales".

El BNG, a través de su diputado Carlos Aymerich, destaca en su enmienda de totalidad la "precipitación" de la reforma y su caracter "regresivo e ineficaz". Agrega que la reforma legislativa que se propone "supone un cambio radical de filosofía especto del fenómeno migratorio: de una filosofía de integración social y de asunción positiva de la pluralidad étnica y cultural como un valor en sí mismo, felizmente superadora de la Ley de Extranjería de 1985, se vuelve precisamente al espíritu policial que animaba a ésta".

Begoña Lasagabaster, de EA, califica la reforma de "contrarreforma" de la vigente Ley de Extranjería y entiende que el proyecto reduce el goce y disfrute de los derechos de los extranjeros recogidos en la vigente ley, "especialmnte en los correspondientes a los derechos socioeconómicos", entre otras objeciones.

IU resalta que el proyecto del Ejecutivo introduce medidas "coactivas" y hace diferencias importantes entre los inmigrantes legales y los no legales.