Ese principio inspira buena parte de las 31 enmiendas parciales que IC-V ha presentado al proyecto de reforma.

Asimismo, propone que el Gobierno, "previa audiencia del Consejo Superior de Política de Inmigración, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y de las comunidades autónomas establecerá anualmete un contingente de mano de obra en el que se fijará el número de ofertas de empleo que se ofrecen a los trabajadores extranjeros no residentes en España, teniendo en cuenta la situación nacional de empleo".