El ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, manifestó hoy, al término del Consejo de inistros, que éstos son los cinco ejes en los que se basa el informe que presentó al Gobierno el titular del departamento de Interior, Jaime Mayor Oreja, en relación con la reforma de la Ley de Extranjería.

Cabanillas dijo que la reforma se acometerá con la mayor urgencia posible, e incluso insinuó que podría quedar ultimada antes del próximo mes de julio, fecha límite de la que dispone el Ejecutivo para aprobar el reglamento de la ley.

Asimismo, aseguró que el Gobierno buscará el consenso con lo grupos políticos y las comunidades autónomas para modificar la norma.

El informe que presentó Mayor Oreja no contiene enmiendas concretas a artículos determinados, sino que hace un análisis de los aspectos de la ley que más preocupan a este departamento.

En el apartado relativo a los derechos de los extranjeros, Pío Cabanillas señaló que el documento propone que no se "elimine la distinción entre el inmigrante legal y el ilegal". En este sentido, recalcó que es con los inmigrantes en situación lgal sobre "los que se debe trabajar desde el punto de vista de derechos adquiridos".

Respecto a la concesión de visados, el ministro portavoz aseguró que el texto actual de la ley "no deja claro que la Administración tenga una potestad real de controlar" los flujos migratorios.

JUDICIALIZACION DE LAS DECISIONES

Cabanillas indicó que la ley permite "una judicialización" de los casos en los que se deniegue la concesión de visados, lo que calificó de contraproducente.

Asimismo, adelantó que s eliminará la figura de la regularización permanente, contemplada en la legislación actual, que permite acceder a la residencia legal a los inmigrantes que lleven más de dos años empadronados en España.

Respecto a los criterios de expulsión, el ministro apuntó que es necesario mejorarlos y "no privar a la Administración de esta capacidad de sanción".

La ley actual recoge diversas situaciones en las que no se permite la expulsión de los extranjeros. Durante la tramitación de la norma en el Senado,PP y CiU redujeron estos supuestos, que finalmente fueron restablecidos en el Congreso de los Diputados, al retirar el Grupo Catalán su apoyo a los populares.

Finalmente, Cabanillas explicó que la reforma que propondrá el Gobierno perfeccionará los mecanismos legales para combatir las mafias que se lucran con el tráfico de inmigrantes.

El ministro declaró que se trata de una reforma necesaria que, agregó, no significa que el Gobierno se oponga a la inmigración. Por el contrario, afirmó que adecuaá la normativa española a los acuerdos de la UE en esta materia.