Durante la tarde y la noche de ayer el portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, mantuvo diversas reuniones con distintos miembros del Gobierno en La Moncloa, que le expresaron las reticencias del Ejecutivo a la aprobación de la norma aprobaa por práctica unanimidad de los grupos.

Para conseguir las correcciones que desea el Gobierno, el Grupo Popular abrirá de inmediato una ronda de negociaciones con el resto de las formaciones políticas, a fin limar los aspectos con los que el Gobierno está en desacuerdo y que se centran en la privación de ciertos derechos económicos y sociales a los inmigrantes.

De Grandes insistió en que esta actitud del Ejecutivo "no es un golpe de mano, ni una interferencia, ni una actuación ilegítima del Gobirno", que se ha limitado a emitir su opinión sobre un texto legal de trascendencia.

El texto de la Ley de Extranjería se debatirá en pleno el próximo jueves y previsiblemente saldrá aprobado para que pueda pasar al Senado. Es allí donde el Grupo Popular pretende que se introduzcan las enmiendas precisas, antes de volver al Congreso para su aprobación definitiva.

Mientras tanto, el PP desplegará una intensa actividad negociadora para tratar de consensuar las reformas que quiere introducir, mantenindo "la esperanza" de que la norma sea aprobada antes del fin de esta legislatura.

Según De Grandes, esta rectificación de la postura del PP, no desautoriza la labor del ponente popular Diego Jordano en la comisión Constitucional que ha trabajado durante 18 meses en la consecución de un texto consensuado.

El portavoz popular insistió también en que la posición del Gobierno en este asunto es "unitaria y unívoca", por lo que rechazó los "juegos maniqueos" de la oposición para presentar dividido ente "buenos y malos" a los miembros del gabinete Aznar.

A su juicio, la posición expresada la pasada semana por el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, corresponde con la reflexión de fondo del Gobierno, mientras que la opinión expresada por el vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos, se refería al procedimiento, es decir, a las formas.

El PP quiere que la nueva ley se ajuste a los acordado en la cumbre de Tampere y, aunque no contempla la posibilidad de cambiarla "de la A a la Z", sí reviene contra el peligro de "habernos pasado en le intento de ser los más progresistas de Europa".

Lo que parece claro es que el PP no obstaculizará la aprobación de la ley el próximo jueves para no ser acusados por la oposición de "filibusterismo" e intentará, en una carrera contra el tiempo, conseguir el acuerdo de la mayoría de la Cámara.