El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, justificó el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería en "el principio de la prudencia y en el marco comunitario, que es nuestro referene principal".

Según dijo, la reforma de la Ley de Extranjería "es un avance relevante en lo que significa derechos y obligaciones" en el tratamiento del fenómeno de la inmigración, al tiempo que introduce bases y condiciones para la integración social y laboral de los extranjeros.

Comentó que el objetivo de la futura Ley de Extranjería es la integración y la convivencia en España de los nacionales y los extranjeros, la canalización de los flujos migratorios desde la regularidad y la lucha contra as redes que trafican con personas.

Tras explicar el programa GRECO que ha elaborado el Gobierno para la regulación y coordinación de la extranjería y la inmigración, Mayor Oreja dijo que el Ejecutivo no quiere abrir "zanjas" con los grupos parlamentarios y aboga por consensuar esta reforma.

Finalmente, explicó que la reforma de la Ley de Extranjería introduce novedades como la diferencia entre inmigrantes regulares e irregulares, ya que, a su juicio, no hacer esta diferencia impide el control deflujos migratorios que se pretende.

Asimismo, la reforma de la actual normativa de extranjería permite, según el ministro, la posibilidad de recurrir la denegación de visados. Agregó que éstos se potenciarán en los casos donde la solicitud se deba a motivos humanitarios.

También destacó la necesidad de que los extranjeros accedan a la regularización tras cinco años de estancia en España, ya que los requisitos actuales de dos años "son poco exigentes" e "impiden canalizar los flujos irregulares deinmigración".

RECORTE DE DERECHOS

Los diputados de IU, PNV, IC, CHA, BNG y EA que defendieron sus enmiendas a la totalidad coincidieron en denunciar el recorte de derechos para los extranjeros irregulares que supone la reforma del Ejecutivo y el escaso tiempo que se ha dado a la puesta en marcha de la actual legislación.

José Antonio Labordeta, de CHA, aseguró, en este sentido, que la Ley de Extranjería 4/2000 "pasará a los anales como la más corta de la historia desde 1975". Begoña Lasagabaste, de EA, subrayó, por su parte, que la reforma de esta ley supone un retraso "brutal" al derecho a la educación, ya que no la tiene en cuenta para los hijos de los irregulares de 0 a 3 años ni de 16 a 18 años.

Joan Saura, parlamentario de IC, dijo que por motivos políticos y éticos la Ley de Extranjería no debería modificarse y que el discurso del PP favorece el racismo y la xenofobia. Carlos Aymerich, de BNB, mostró su rechazo a la reforma por sus visos de "inconstitucionalidad".

La diputada delPNV Margarita Uría señaló que la reforma de la Ley de Extranjería "es precipitada y oscura", "oscura", aclaró, "por las reuniones que mantienen PSOE y PP para intentar consensuar las modificaciones a la ley y de las que el PNV no tiene conocimiento".

EFECTO LLAMADA

Por su parte, el parlamentario de IU Francisco Frutos empezó su intervención denunciando la actuación policial frente a la protesta de la Plataforma por la Convivencia ante el Congreso de los Diputados contra la reforma de la ley. "Los emujones no son buena medida", sentenció.

Frutos, que defendió una vez más la actual ley, se refirió al carácter policial de la reforma a la legislación de extranjería y la alarma que ha generado el PP con su argumento de efecto llamada de esta normativa.

En el turno para fijar postura sobre la enmiendas a la totalidad, el diputado de Coalición Canaria Paulino Rivero abogó por buscar una "solución equilibrada" al fenómeno de la inmigración desde el máximo consenso.

A su juicio, es necesaria un política global de inmigración que favorezca la capacidad de integración de los inmigrantes, la lucha contra las mafias que trafican con personas, el respeto a los derechos fundamentales de estas personas y el impulso de la cooperación internacional.

El parlamentario de CiU Carles Campuzano ahondó en la misma línea que Rivero y destacó la necesidad de hacer pedagogía con la inmigración. Además, le advirtió al Gobierno y al PP de que hoy por hoy no tiene su apoyo en la reforma de la ley y que éste depnderá de su actitud en el trámite parlamentario.

PACTO DE ESTADO

Por su parte, el portavoz socialista, Jesús Caldera, que también denunció la actuación policial frente a la Plataforma por la Convivencia, abogó por un pacto de Estado en inmigración en el que participen comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos y ONG "que permitan establecer el mínimo común de las políticas de inmigración".

Caldera subrayó que al PSOE no le gusta el texto de reforma de la ley del Gobierno "ni en su oportundad ni en su contenido" y mostró la disposición de su partido a consensuar con todos los grupos políticos las modificaciones de esta legislación de inmigración.

Finalmente, Angeles Muñoz, diputada del PP, aseguró que la reforma de la ley "es una respuesta coherente a lo que se debe entender como inmigración.

A su juicio, la actual ley fomenta la inmigración irregular, lo que, según dijo, "es una grave irresponsabilidad". En este sentido, comentó que las modificaciones a la actual ley van encaminaas a incentivar la inmigración regular, a luchar contra las mafias y a lograr la integración laboral y social de los extranjeros.