En la justificación de las enmiendas 1 y 2, referidas a esos derechos, y a las que ha tenido acceso Servimedia, CC argumenta que el derecho de reunión, consagrado en el artículo 21 de la Constitución, está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y no puede ser restringido o limitado por razones administrativas.

Asimismo, los nacionalistas canarios recuerdan el informe del Consejo General del Poder Judicial que muestra su preocupación por el regreso a la ley de 1985, "privandolos extranjeros en situación irregular de los derechos de asociación, reunión, manifestación, libertad sindical y huelga, independientemente de que su regulación legal pueda incluir restricciones que se consideren adecuadas a su ejercicio".

CC subraya que el ejercicio de estos derechos con la vigente Ley de Extranjería "no ha ocasionado problemas de entidad suficiente que motiven su restricción, por lo que proponemos mantener la redacción originaria de la Ley 4/2000".

Sobre el hecho de que los iregulares no podrán se promotores de asociaciones, CC asegura que la asociación es un derecho que requiere publicidad para asegurar que no se persiguen fines o medios tipificados como delitos o para evitar que sean secretas o tengan carácter militar.

Para ello, es necesario que se encuentren en algunas de las situaciones previstas en la ley, pero huyendo de términos discriminatorios como el de ilegales, por lo que se considera adecuado aludir a los que tengan residencia para poder ostentar cargos diretivos en dichas asociaciones.

Otra enmienda de CC va dirigida a mantener el apartado "e" del artículo 17 de la vigente Ley de Extranjería, según el cual los extranjeros podrán reagrupar a familiares por razones humanitarias.

En este sentido, CC ve conveniente esta posibilidad y, además, aclara que la reagrupación familiar debe ser un derecho de atribución bilateral, no sólo del extranjero residente con respecto a sus familiares, sino también del español con respecto a sus familiares extranjeros. No parecería lógico que este derecho fuera más restrictivo para el nacional que para el extranjero", afirma CC.

Finalmente, los nacionalistas canarios piden que la Subcomisión Bilateral de Cooperacción Canarias-Estado, contemplada en la disposición adicional segunda del texto aprobado por el Congreso el pasado 23 de noviembre, incluya, además de las actuaciones en materia de residencia y trabajo de extranjeros, actuaciones culturales, técnicas y comerciales que favorezcan la cooperación con los pueblo de su entorno geográfico.

Además, CC pide que esa subcomisión se constituya en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley y que se reuna en el plazo de un mes cuando cualquiera de las partes lo soliciten.