El director de la Sección Española de Amnistía, Esteban Beltrán, presentó hoy el informe "¿Somos todos iguales ante la ley?", que analiza en profundidad el proyecto de ley de reforma de la Ley de Extranjería, que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario.

"Es una ley que hace invisibles a miles de personas, que profudiza en la justicia de segunda clase, que viola normas internacionales de derechos humanos y que, en aspectos concretos como el de la asistencia letrada, incumple sentencias del Tribunal Constitucional", dijo.

La responsable de política interior, asilo e inmigración de AI, Itziar Ruiz-Giménez, señaló, entre los aspectos positivos de la reforma, que sí se han adoptado medidas para mejorar la situación de las mujeres inmigrantes indocumentadas que han llegado a España por medio de la reagrupación familir y que son víctimas de la violencia doméstica.

Hasta ahora, estas mujeres tenían que permanecer dos años en España para acceder a un permiso de residencia, por lo que, en caso de ser maltratadas, no tenían posibilidad de defenderse. Ahora, sin embargo, dispondrán del permiso de residencia cuando se dicte una orden de protección de los malos tratos.

"Es muy positivo porque permite a estas mujeres salir de la espiral de violencia en la que se encontraban y que anteriormente les obligaba a permanecr con su marido durante los dos primeros años de estancia en España porque si no perdían la posibilidad de una residencia legal", dijo.

A su juicio, otro elemento positivo es la concesión de la residencia temporal por motivos humanitarios o de colaboración con la justicia. "Esto subsana parcialmente uno de los elementos del proyecto de ley del Gobierno, que era la eliminación de la exención de visado", explicó.

Sin embargo, la nueva reforma no hace referencia a las personas que vienen de países e conflicto. "Es gente que tienen aquí una oferta de empleo y la ley les obliga a volver a su país a pedir el visado, con el peligro que puede conllevar, si es que la embajada está abierta".

También destacó la creación de un observatorio de lucha contra el racismo, a lo que estaba obligado el Gobierno desde julio de 2003. "Debe tener competencias plenas para investigar denuncias de racismo, de malos tratos a inmigrantes y para elaborar políticas".

PREOCUPACIONES

No osbtante, la responsable de poítica interior, asilo e inmigración de AI lamentó las "importantes limitaciones" de los derechos fundamentales de los inmigrantes y de los refugiados.

AI pide que no se impongan sanciones a las compañías transportistas cuando se pida asilo, que se establezca un tipo de visado para aquellas personas que huyen de violaciones de los derechos humanos en sus países de origen, que se reconozca la asistencia letrada y el derecho de reunión, manifestación y asociación con independencia de la situación adminisrativa.

Ruiz Giménez denunció la responsabilidad que adquieren las compañías de viajes a la hora de transportar a inmigrantes en situación irregular. "Pedimos que no se impongan sanciones a las transportistas en aquellos casos en que la persona pida asilo al llegar a España", dijo.

Algo similar sucede con el derecho de reunión, manifestación y asociación, que no se reconoce expresamente en el texto legal. "Toda persona tiene esos derechos y debería reconocerse", dijo.

Asimismo, Ruiz Giménez idió una garantía expresa de que el Gobierno no devuelva a nadie a un país donde pueda ser víctima de violaciones de los derechos humanos.