"Según la Ley Orgánca del Poder Judicial", dijo Alcaraz, "el Consejo General del Poder Judicial debe realizar un informe previo, al tratarse de una ley que afecta a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela de derechos fundamentales, y por todo ello pedimos la realización de un informe que, o bien por desconocimiento o bien por astucia, no ha sido realizado".

El dirigente de IU considera que esta nueva Ley de Extranjería eliminaría los avances conseguidos en políticas migratorias, provocando incluso un retrocesosobre la ley de 1985.

"No podemos obviar que este proyecto de ley responde a una visión estrictamente policial de la inmigración, donde el control rígido de la entrada y de los 'ilegales' se convierte en sí mismo en el elemento básico de la política migratoria, dejando de lado derechos fundamentales como el derecho a una vida digna, al trabajo, a la sanidad, la educación, al reagrupamiento familiar, así como los derechos de asociación, sindicación y huelga", dijo.