El letrado, que fue uno de los expulsados, comentó asimismo al término de la vista oral, celebrada hoy en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, que "los órganos del partido fueron inquisidores en su momento e hicieron gala de un rasgo de totalitarismo en un momento de crisis, cuando ahora las críticas al partido son mucho más fertes".

La carta que motivó la apertura de expediente disciplinario a 100 militantes del CDS fue redactada en julio de 1990 y en ella se incidía en la falta de un debate interno en el seno del partido, por lo que rogaban a Suarez que les permitiera expresar su opinión en un momento de crisis de la organización centrista.

Al final, fueron sólo 37 de los firmantes expulsados, ya que el resto no ratificaron su rúbrica y el comité disciplinario decidió sobreseer sus expedientes.

Los militantes ecluidos presentaron una demanda de protección de los derechos fundamentales de la persona al entender que se había atentado contra su derecho a ejercer la libertad de expresión, además de atentar contra al derecho a la sociación.

Asimismo, Sánchez de León denunció ante el tribunal la existencia de irregularidades en la instrucción del expediente disciplanario, al no haber existido principio de contradicción, ya que no se aplicó la contrastación de pruebas, ni hubo aportación de testigos que las confiraran.

Incluso, el letrado argumentó que ni siquiera figuró la carta entre las pruebas que constan en autos y que sólo se incluyó la remitida por un militante a Adolfo Suárez, de contenido muy distinto al documento que ellos enviaron.

Definió el escrito como "amable, cortés, sin acritud, pero eso sí, quejumbroso y crítico" y alegó que se había caído en la trampa de creer que éste era un juicio político al CDS, cuando se trataba de una defensa jurídica de unos hechos concretos.

Recordó que lostres motivos por los que la dirección del CDS decidió la expulsión fueron: el daño causado a la imagen e intereses del partido, las acusaciones de comportamiento incosntitucional de la formación y las imputaciones que recogía el documento contra Suarez y la cupula dirigente, además de permitir que su contenido trascendiera a la opinión pública.

Añadió que las tres imputaciones hechas por la dirección del CDS para decretar la expulsión fueron el daño a la imagen e intereses del partido, las acusacionesde comportamiento inconstitucional de la formación y el presidente que , se recogían en el documento, además de hacer transcender el contenido del mismo a los medios de comunicación.

Sobre esta cuestión recordó que los medios de comunicación que se hicieron eco de la primera crisis interna del CDS obtuvieron la información de los propios organos de dirección del partido.

Por su parte, el abogado que representó al CDS, Salvador Peña, basó su defensa en el derecho de la asociación a la supervivenci.

"La constitución", declaró," permite a los partidos redactar sus estatutos y normas reglamentarias y disciplanarias, y hasta el momento nadie ha acusado al CDS de que sus estatutos fueran antidemocráticos y no ha habido tribunal que así lo haya considerado".

Añadió que, del mismo modo que las personas tienen derecho a asociarse, las asociaciones tienen derecho a permitir la entrada sólo a las personas que cumplan los requisitos exigidos por los estatutos.

En similares términos se manifestóel ministerio fiscal, quien subrayó que no se puso en juego en este caso el derecho a asociarse, sino el de pertenecer a una asociación específica, que tiene la propiedad de reunir a personas con los mismos intereses, por lo que consideró que no había lugar al recurso presentado por los ex centristas.

El juicio quedó visto para sentencia y ésta no se conocerá, según comentaron las partes, hasta los primeros días de septiembre.