La gestión de este consorcio fue ya fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, qu redactó un informe según el cual, argumentan los socialistas, se aprecian "irregularidades" que podrían dar lugar a "responsabilidades contables", por lo que se trasladó al Ministerio Fiscal.

El portavoz del Grupo Socialista, Juan Manuel Eguiagaray, aclaró en rueda de prensa reiteradamente que no está "imputando" ningún delito a Alvarez del Manzano.

Sin embargo, argumentó que la Comisión Mixta está estudiando estos días el informe de COM-92, cuyas conclusiones se discutirán y votarán el próximo0 de diciembre.

Por este motivo, consideró que hay más razones para la comparecncia de su presidente ejecutivo que para las explicaciones del presidente de Agesa, sociedad liquidadora de la Expo y que aún no ha sido fiscalizada.

Según el informe, se abonaron retribuciones al director general por importes superiores a los aprobados por la Junta de Gobierno, gratificaciones por servicios extraordinarios sin la aprobación de los órganos del consorcio y pagos de indemnizaciones sin justificación.

Además, se alquiló la vivienda del director general sin la autorización de la Junta de Gobierno y se pagó un concierto que no llegó a celebrarse, sin que conste ningún documento que lo justifique.

Estos hechos han llevado al Tribunal de Cuentas a abrir piezas separadas de fiscalización, que se han enviado al Ministerio Fiscal y al Servicio Jurídico del Estado del propio Tribunal.

Además, "sin perjuicio de otras conclusiones", en el informe se asegura que la fiscalización se vio limitada por "fala de ciertos expedientes y convenios en los archivos, algunos de especial importancia" para la valoración del Tribunal.

A esto siguió "la no cumplimentación por parte del Ayuntamiento de Madrid de algunas de las solicitudes de información y documentación realizadas por el Tribunal" y la ausencia de un "registro adecuado de las certificaciones expedidas a favor de las empresas relacionadas con el evento".

CONTROL DE GASTOS

Al margen de estas "limitaciones", el informe concluye que el consorcio n mantuvo un sistema adecuado para garantizar la correcta salvaguarda de los bienes inventariables.

El descontrol en la gestión de los ingresos fue "generalizado", según el informe leído por Eguigaray, por lo que resultaron "aminorados" los ingresos procedentes de taquillajes y venta de artículos promocionales.

También se perdió el cobro de más de seis millones y medio de pesetas en ecus que la Comunidad Europea aportó para sufragar parte de los gastos del evento, al no haber presentado la documenación requerida.

La gestión presupuestaria "no se realizó de conformidad a las normas que la regulan" porque en muchos casos los justificantes de gasto tenían fecha posterior a la de propuesta e intervención del pago y se pagaron numerosas facturas que no estaban conformadas.

Para 1993, dice el informe, la entidad no dispuso de un verdadero presupuesto y la relación de acreedores a 31 de diciembre de 1991 "ocultaba" determinados pagos al director general, secretario general e interventor general. Las adjudicaciones se realizaron, "en su mayoría, de forma directa y sin concurrencia de ofertas" y el director general, con el que no se formalizó contrato por escrito, percibió una gratificación extraordinaria y una indemnización al finalizar su relación con el consorcio, que no han quedado "debidamente" justificadas.

El Tribunal de Cuentas cifra en 120.066.469 pesetas el total de los pagos al personal que no procedían o que no han quedado suficientemente justificados.

Por todo ello, el Trbunal de Cuentas recomienda a la Comisión Liquidadora del Consorcio, único órgano subsistente del mismo, que ejercite "las acciones oportunas para que se exijan las responsabilidades administrativas derivadas de las irregularidades" que se observan en el informe.

"COM-92" se constituyó como consorcio por la Adminsitración del Estado, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid el 4 de marzo de 1989.