La querella, según las mismas fuentes, fue interpuesta hace quince días y le llegó por reparto al titular del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco. Si el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, declara competente a la Audiencia Nacional, será Garzón quien tramite el caso.

Según el texto e la denuncia, al que ha tenido acceso Servimedia, Ruiz Mateos, a través de su abogado Marcos García Montes, pide que se investige a Pellón por los presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, estafa, alzamiento de bienes, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y delito contra la Hacienda Pública.

El empresario jerezano solicita también que le sea impuesta a Pellón una fianza que "no impida" el ejercicio de la Acción Popular como afirma sucedió con Filesa y el `caso Laos', y que se acepte a García Montes como parte personada en el sumario.

En su exposición de los hechos, García Montes asegura que en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la `Expo 92', hecho público hace unas semanas, se revelan numerosas irregularidades, entre las que están la adjudicación de obras, concedidas, según este letrado, "a dedo" en un 88% de los contratos.

García Montes, que adjunta en la querella varios artículos sobre las cuentas de l exposición universal publicados en prensa, afirma que el balance de pérdidas y ganancias realizado por los responsables de la `Expo 92' contiene numerosos errores.

Este letrado añade que los métodos de control y gestión tuvieron importantes deficiencias y afectaron negativamente a los resultados de la sociedad. Sobre el Departamento de Control de la Expo 92, este letrado afirma que sólo 5 de las 110 recomendaciones realizadas fueron aceptadas.

Por último, la defensa de de Ruiz Mateos se refierelos presuntos delitos cometidos en la venta de entrada de espectáculos o en la gestión de personal y reservas hoteleras.