El informe ha sido redactado a partir de las conclusiones de los catedráticos Francisco Balaguer Callejón, Javier García Roca, Manuel Medina Guerrero y Alejandro Saiz, y sus conclusiones fueron asumidas unánimemente por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, reunida hoy con este único punto en su orden del día.

Sus líneas generales, que servirán de base a las enmiendas del PSOE, fueron expuestas en rueda de prensa por el secretario de Organización, José Blanco, acompañado por los dos coordinadores de los trabajos, el portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el responsable de Política Autonómica, Alfonso Perales.

Los expertos dicen abiertamente que la propuesta "no comporta una confrontación directa y manifiesta" con los principios constitucionales y reúne todos los requisitos formales para ser tomada en consideración por el Congreso de los Diputados.

Añaden que en ningún caso puede ser entendida como una reforma "encubierta" de la Constitución, argumento esgrimido por el PP para oponerse a su tramitación. Si contiene aspectos contrarios a ella, alertan, debería ser el Tribunal Constitucional quien anulara la reforma, siempre después de su aprobación.

Más allá de la constitucionalidad o no del texto, señalan numerosas "disfunciones" y "desajustes" que deben ser corregidos, y concluyen, sobre el conjunto del texto, que "su solución es posible".

El término "nación", empleado en la propuesta para definir Cataluña, apenas merece un párrafo en esas conclusiones. Concluyen que su compatibilidad con el artículo 2 de la Constitución "tiene una dimensión teorética, que está condicionada de manera decisiva por el debate político, ideológico y cultural".

Concluyen de esta forma que ese encaje deberá abordarse en términos estrictamente políticos puesto que carece de dimensión "práctica", sin avanzar fórmulas posibles para lograr esa compatibilidad.

Las conclusiones del informe se contienen en nueve bloques, referidos a otros tantos capítulos de la propuesta: derechos históricos; régimen lingüístico; derechos, deberes y principios rectores; sistema institucional y fuentes del Derecho; poder judicial; competencias; unidad de mercado; financiación y bilateralidad.

LA IDENTIDAD, CON LIMITES

Sobre los derechos históricos que la propuesta reclama para Cataluña, los expertos creen que la Constitución los limita al País Vasco y Navarra, pero juzgan posible "un reconocimiento de los elementos identitarios de Cataluña basados en su historia".

Alertan, no obstante, de que no existe base constitucional para basar el sistema educativo en esos supuestos derechos históricos.

No ven tampoco motivos de inconstitucionalidad en el régimen lingüístico propuesto, dado que incluye un principio de no discriminación entre catalán y castellano y parte de la "presunción" de que todos los catales conocen ambas lenguas.

Observan, no obstante, un "problema de redacción" en la propuesta cuando dice que "todas las personas en Cataluña" deben conocer ambas lenguas, por entender que ello es aplicable sólo a los catalanes.

Objetan también que lo referente al conocimiento del catalán en el caso de jueces, magistrados, fiscales y demás personal de la Administración de Justicia no puede ser incluido en el Estatuto puesto que es materia reservada de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También el estatuto jurídico de notarios y registradores ejercientes en Cataluña corresponde, matizan, al Estado.

En este capítulo, sugieren una modificación para dejar claro que el aranés es cooficial en Cataluña, pero en ningún caso lo es en el conjunto de España.

Los expertos no ven problemas de constitucionalidad en la incorporación de un título específico de derechos y deberes en sí mismo, pero recuerdan que deben estar conectados a los recogidos en la Constitución.

Por el contrario, ven claramente inconstitucional la previsón de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea el cauce específico y exclusivo de recurso por vulneración de esos derechos y deberes.

En cuanto al sistema institucional, los expertos juzgan inconstitucional la fórmula propuesta para el refrendo del nombramiento del presidente de la Generalitat, y también la que establece su posición "preeminente" junto al rey en los actos oficiales celebrados en Cataluña, ya que, si existe representación directa del Estado, debe aplicarse el protocolo estatal.

Subrayan también que la autonomía garantizada por la Constitución a los entes locales impide que puedan quedar integrados en las instituciones de la Generalitat, como establece la propuesta. Además, advierte, hay que respetar las competencias del Estado sobre esos entes locales.

Dicen los expertos que, frente a lo que algunos temían, la propuesta "no crea un poder judicial autonómico diferenciado del Poder Judicial del Estado". "Por el contrario", precisa, "se lleva a cabo una profundización importante en la adecuación del Poder Judicial al Estado autonómico".

Matizan, sin embargo, que algunas de las materias reguladas en la propuesta son competencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como es el caso del nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de los presidentes de salas, la regulación del Consejo de Justicia o sus atribuciones.

"En consecuencia, para respetar la reserva constitucional específica, todos estos aspectos deberán quedar fuera del articulado del Estatuto o, en su caso, habrá que remitirse a lo que se establezca en la Ley Orgánica del Poder Judicial sin predeterminar su contenido".

COMPETENCIAS Y ECONOMIA

En la definición de competencias, los expertos observan "algunas deficiencias técnicas e incluso algunos errores materiales", además de "contradicciones internas" que pueden dar lugar a colisiones con las competencias estatales.

"En lo que a las categorías generales de competencias se refiere", dice el informe, "es necesario realizar ajustes técnicos en todas ellas" para evitar posibles interpretaciones contrarias a la Constitución.

Por ejemplo, consideran imprescindible eliminar el término "excluyentes" para referirse a algunas competencias, así como el mandato al legislador estatal para que transfiera competencias, porque exceden el contenido propio de un Estatuto de Autonomía.

En cuanto a la unidad de mercado, alertan de que es "un límite, no sólo al ejercicio de las competencias, sino también a la atribución de competencias para las comunidades autónomas, por lo que algunos preceptos de la propuesta "sobrepasan los límites constitucionales".

Sobre la financiación autonómica, los expertos advierten de que el Estatuto puede contener "principios generales", pero no un sistema acabado con pretensión de eficacia normativa, porque afectaría al conjunto de las comunidades autónomas.

Señalan de forma específica sus objeciones a la "monopolización de la gestión de todos los impuestos de titularidad estatal por la comunidad autónoma".

Señalan, finalmente, que la propuesta "contiene algunos mecanismos y planteamientos que resultan muy discutibles desde el punto de vista constitucional" al definir la relación de la Generalitat con el Estado, ya que tienen una "orientación excesiva hacia la bilateralidad".

Blanco hizo hincapié en que nadie de la Ejecutiva puso un sólo "pero" a este informe, aunque sí los hay a la propuesta, dando a entender así que incluso los más críticos con el texto mantienen su esperanza de que finalmente se apruebe un texto constitucional y acorde a los intereses generales.

Con ese informe como base, los socialistas plantearán "cuantas enmiendas sean necesarias" para lograr que el Estatuto cumpla los requisitos marcados, si bien dejaron claro que la literalidad de esas enmiendas se conocerá "en su momento", es decir, cuando hayan sido consensuadas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

Los socialistas reiteraron su voluntad de consensuar esas enmiendas con todos los partidos, también el PP, partido que esperan "se serene" tras la toma en consideración del texto y plantee también sus propuestas de mejora.

A Angel Acebes, que el pasado fin de semana presentó una campaña para informar a los ciudadanos de los riesgos de esta propuesta y de la posición de su partido, Blanco le pidió que trabaje por la constitucionalidad del texto, en lugar de quedarse "como un zángano" diciendo sólo que se opone a él.