El ministro explicó que este informe, encargado a cuatro expertos independientes, servirá de base para la discusión de la reforma del mercado laboral en el marco del pacto de competitividad. Subrayó que esa reforma se hará en una mesa tripartita, con presencia de la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, y que posteriormente deberá serconsensuada también en el Parlamento.

Martínez Noval dio a entender que el Gobierno aceptará la reducción de la duración máxima de los contratos temporales a dos años, al señalar que esa es también la que establece una directiva sobre esta materia que elabora actualmente la CE.

El informe señala que la duración de tres años "no se justifica ni por la pretendida existencia de un ciclo de los negocios de dicha duración, ni porque ese sea el plazo necesario para que la empresa valore suficientementela adecuación del trabajador al puesto de trabajo o para pronunciarse definitivamente sobre si la actividad en que desarrolla su trabajo tiene o no futuro".

Los autores del informe proponen la supresión de tres figuras contractuales en vigor: el contrato temporal de lanzamiento de nueva actividad, el contrato indefinido para trabajadores mayores de 45 años (que tiene una subvención de 400.000 pesetas), y el de minusválidos (con una subvención de 500.000 pesetas).

Respecto a los dos últimos, los epertos señalan que las medidas de discriminación positiva de determinados colectivos deben articularse "a través de programas específicos de política económica y no de modalidades contractuales".

Los autores del informe también proponen que se limite la duración máxima del contrato eventual a tres meses y que a partir de ese límite sea sustituido por los contratos temporales. Esa medida debería ir acompañada de una definición más restrictiva de las causas de la contratación eventual, a fin de que se rcurra más a los contratos fijos discontinuos.

Reclaman asimismo que se establezca los contratatados temporales reciban, al término de la relación laboral, una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, frente a los doce días fijados por la normativa actual. Piden también para ellos todos los beneficios extrasalariales propios de los contratos indefinidos.

Otras recomendaciones propuestas son las siguientes:

-Que en los contratos de relevo y jubilación parcial, el personal cntratado para el relevo lo sea con carácter indefinido cuando tenga lugar la jubilación definitiva del trabajador en jubilación parcial.

-Que el contrato de prácticas sea también de dos años como máximo, se limite a titulados de grado superior, se supriman las subvenciones y cobren un salario similar a los de empleados de similar categoría profesional.

Actualmente, el contrato en prácticas puede hacerse a bachilleres y titulados de Formación Profesional y las empresas pueden obtener una reducciónde su aportación a la Seguridad Social del 75 por ciento.

-Que los contratos de formación duren entre seis meses y dos años (ahora van de tres meses a tres años), se supriman las bonificaciones en el pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social y se establezcan topes salariales máximos y mínimos.

REFORMA DEL ESTATUTO

Otra propuesta de los expertos es la prohibición explicita de toda forma de encadenamiento de contratos no indefinidos. Con ese fin, sugieren la creación de un sistema degarantías que evite el uso de la contratación temporal "como forma precarizadora del empleo".

Al mismo tiempo, reclaman al Parlamento que, "en el plazo más breve posible", constituya una comisión que redacte un nuevo Estatuto de los Trabajadores, en el que se recoja toda la legislación laboral ahora dispersa en numerosas leyes.

Los expertos formulan todas estas recomendaciones, un total de 19, a partir de las conclusiones a las que han llegado tras estudiar los efectos de la contratación temporalsobre el mercado de trabajo.

En las conclusiones del informe, los expertos aseguran que "una norma de prudencia mínima exige no introducir modificaciones radicales en ninguna dirección, máxime teniendo en cuenta las expectativas económicas actuales".

En su opinión, "una parte no irrelevante del empleo generado en el periodo 1986-1990 por la economía española se ha debido a la mayor flexibilidad de las modalidades de contratación". Esta mayor flexibilidad permite "que los ajustes a condiciones camiantes se realicen con mayor rapidez, por lo que la duración de las etapas depresivas es menor".

Advierten, sin embargo, que "no es posible modificar el volumen de empleo total que es capaz de generar una economía a medio y largo plazo mediante el cambio en las modalidades de contratación".

A su juicio, eso depende de variables que no son controlables por las autoridades nacionales y que dependen de acuerdos sociales: las condiciones tecnológicas, la demanda interior, las tasas de crecimiento de alarios y beneficios y el grado de competitividad de la economía, entre otros factores.

El informe sobre las modalidades de contratación en España ha sido elaborado, cumpliendo un encargo del Ministerio de Trabajo, por los profesores Julio Segura, Federico Durán, Luis Toharia y Samuel Bentolila.