Según las conclusiones de los expertos, es necesario que el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal proporcionen "otras vías de flexibilidad externa e interna" a las empresas antes de poder limitar la contratación temporal, o esta medida afectará "negativamente" a la creación de empleo.

Por esto, el informe asegura que es necesario "definir claramente el papel que debe jugar la temporalidad" para que existan vías adecuadas de flexibilidad que no dañen la seguridad de los trabajadores.

Asimismo, los expertos advierten de que en España los contratos temporales están cumpliendo funciones distintas a las recogidas en el ordenamiento jurídico, donde se establece que éstos se limiten a puestos de trabajo de duración determinada. "Los contratos temporales están cumpliendo otras funciones, en particular, la provisión de flexibilidad interna y externa a las empresas", dicen sus conclusiones.

En este sentido, el informe afirma que la reforma a llevar a cabo debe ser "estructural" y no reducirse a modificaciones "parciales" como las acometidas en años anteriores. Según los expertos, éstas "han focalizado la discusión sobre asuntos concretos, sin entender que las distintas formas de regular el mercado de trabajo cumplen funciones similares y que han de guardar una relación entre ellas".

Así, el informe sentencia que los dos problemas actuales del mercado de trabajo español identificados por la Comisión del Diálogo Social, que son la baja tasa de ocupación y la elevada temporalidad, "no podrán ser resueltos" mediante estas reformas parciales.

Los expertos alertan de que el contexto socieconómico ha cambiado en los últimos años, a raíz de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y al aumento de los flujos de inmigrantes.

Según el informe, "el crecimiento económico experimentado durante la última década por la economía española muestra algunas debilidades". Este crecimiento no debe, según los expertos, adjudicarse a las reformas laborales del pasado, sino que se han conseguido en un escenario demográfico y macroeconómico "difícilmente sostenible".

FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD

El texto de los expertos recalca que los dos grandes objetivos de la futura reforma laboral deberían ser la provisión de flexibilidad a las empresas y dotar a los trabajadores de una cierta estabilidad. En este sentido, el informe advierte de que las medidas adoptadas "deben permitir avanzar en ambos frentes al mismo tiempo".

Por un lado, las conclusiones del grupo formado por el Ejecutivo afirman que "las empresas españolas necesitan un marco laboral flexible, en el que puedan tener capacidad de adaptación y respuesta a las exigencias de un entorno competitivo cambiante y cada vez más exigente".

No obstante, el informe incide en que este objetivo no se debe perseguir "a través de la simple ausencia de garantías para los trabajadores, sino que debe ser compatible con el respeto de los derechos laborales de los mismos".

Por otro lado, el texto de los expertos afirma que es necesario que las políticas de empleo "protejan a los trabajadores y no a los puestos de trabajo", y subraya que la posibilidad de disponer de una fuenta permanente de ingresos "no tiene por qué articularse a través de un único y permanente puesto de trabajo".

Por último, las conclusiones del grupo de expertos aseguran que es acertado que las políticas de empleo ocupen un "lugar prioritario en la agenda política", pero apuntan que tambien hay otras reformas, como la de la formación o la innovación tecnológica, que también son "imprescindibles".

El grupo de expertos del Gobierno ha analizado las reformas laborales acometidas en España entre 1992 y 2004. Entre sus miembros se encuentran el ex presidente del Consejo Económico y Social (CES) durante los gobiernos del PP, Federico Durán, y Juan Francisco Jimeno, quien ha colaborado con el PSOE en la elaboración del programa electoral con el que los socialistas concurrieron a las pasadas elecciones generales.