En este sentido, Rodríguez Ariño dijo que "estamos en un punto de partida cero. Muchas pymes son socialmente responsables, pero ellas mismas no lo saben. Las pymes están muy poco informadas, y ahora empiezan a saber algo", apuntó.

Asimismo, Torrens señaló que "las pymes tienen que sobrevivir y tienen otras prioridades. Necesitan una ayuda mayor que las grandes corporaciones y esto es lo que esperamos del Gobierno".

VOLUNTARIEDAD

Por otro lado, el representante de Aguas de Barcelona subrayó la necesidad de potenciar la verificación de los informes que emiten las compañías para generar más confianza en la sociedad y se mostró contrario a que desde la Administración se proceda a regular la RSC.

A su juicio, se debe preservar la voluntariedad en la materia, porque, de lo contrario, podría producirse un efecto contrario al que se persigue. "Las grandes empresas se acomodarían a la regulación y no irían más allá, como ha sucedido en materia de gobierno corporativo", indicó.

Por su parte, Rodríguez Ariño mostró también su negativa a que la RSC se regule por ley, porque entonces "perdería su propio carácter social".

Asimismo, Torrens se mostró partidario de fomentar desde las propias escuelas de negocio la formación de los directivos actuales y los futuros en materia de responsabilidad empresarial. "Es necesario realizar una labor pedagógica", apuntó.

Por último, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, defendió hoy en la subcomisión la necesidad de dar un mayor impulso a las políticas activas en materia de convenios con entidades colaboradoras que estén especializadas con cada uno de los colectivos desfavorecidos del mercado laboral.