Durante su comparecencia en el juicio que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal está celebrando contra 27 dirigentes del aparato de apoyo a los presos etarras -para quienes el fiscal Carlos Bautista pide 10 años de prisión por un delito de integración en banda terrorista-, los peritos señalaron que ETA no daba instrucciones directas a Gestoras Pro Amnistía, pero "marcaba las líneas generales de su actuación" así como les "abroncaban" si lo hacían mal o les "felicitaban" si su labor era la correcta.

Los expertos, dos policías nacionales de la Unidad Central de Inteligencia con más de 25 años de experiencia en la lucha contra la banda terrorista, aseguraron que varios de los miembros de Gestoras Pro Amnistía actuaron como verdaderos "delegados de ETA", sometiéndose al control directo de la cúpula directiva, ejecutando sus órdenes, transmitiendo sus mensajes e, incluso, siguiendo sus mismos procedimientos de seguridad.

Tanto es así que, en una comunicación, ETA abronca a Gestoras Pro Amnistía porque en un registro de la sede de la organización en Vitoria, la Ertzaintza se incautó de un documento interno de la banda terrorista. La dirección de la banda no entiende por qué el citado documento seguía en la sede de Gestoras cuando las directrices de seguridad de ETA obligan a sus militantes a "leer y quemar" los papeles que se les envían.

Todos estos datos fueron revelados por los documentos aprehendidos al responsable de la oficina política de ETA, José María Dorronsorro Malaxetxeberría, tras su arresto en 1993.

Además, Los expertos policiales explicaron que ETA también utilizaba a Gestoras Pro Amnistía para conocer los detalles de las detenciones de sus miembros. La dirección de la banda trataba de conocer, a través de Gestoras, cómo se habían desarticulados sus comandos, para posteriormente poder analizar los fallos y detectar posibles policías inflitrados en su organización.

OBJETIVOS DE ETA

Por otro lado, en otro de los materiales intervenidos a Dorronsorro, ETA critica "intensamente" en una comunicación dirigida a Gestoras Pro Amnistía que haya personas afiliadas al sindicato LAB, perteneciente a la izquierda abertzale, que trabajan como funcionarios de prisiones.

En la citada comunicación, la cúpula de ETA asegura que a pesar de su afilición a LAB, estos trabajadores "abertzales" serán considerados como "carceleros" y que, por lo tanto, serán tratados como tal y se convertirán en "objetivos potenciales" de la banda terrorista.

Esta afirmación se materializó años después cuando, en 1997, ETA asesinó en San Sebastián al funcionario de prisiones Javier García Elosegi, afiliado al citado sindicato.

Esta participación de Gestoras Pro Amnistía en la labor de señalamiento de objetivos de la banda terrorista se corresponde con las acusaciones del fiscal Bautista, quien sostiene que el aparato de apoyo a los militantes etarras en prisión "convierte en objetivo directos" de la banda terrorista "a las personas e instituciones a los que considera responsables de la situación de los presos de ETA".

En otra de la comunicaciones de ETA, la cúpula de la banda pide a Gestoras Pro Amnistía que se interese por la situación de determinados presos, principalmente de personas que trabajaban como enlaces de la organización terrorista pero de los que los propios etarras desconocían su militancia, y le indicaba que debía solicitar a los demás presos que acogiesen y protegiesen a estos individuos.

La incardinación de Gestoras Pro Amnístia dentro de ETA también queda evidenciada por la agenda incuatada a Julen Celaraín, dirigente nacional de Gestoras Pro Amnistía y uno de los 27 acusados en esta causa.

En la citada agenda de Celaraín se da cuenta de la labor de control ejercida por ETA a través de la coordinadora KAS y, posteriormente, por Ekin, sobre todas la "organizaciones satélite" de la organización terrorista.

En ella, Celaraín habla de las reuniones bilaterales que mantenían representantes de KAS y representantes de Gestoras Pro Amnistía para marcar la estrategia del denominado "frente de makos", así como señalaba que ocasionalmente también se celebrabán reuniones "multilaterales" con todas las organizaciones del entorno de ETA, como con Herri Batasuna y con el sindicato LAB.

Por último, los peritos relataron como esta subordinación de Gestoras Pro Amnistía a ETA también aparece en la documentación intervenida al dirigente del aparato militar de la banda José Javier Arizcuren Ruiz, alias "Kantauri", tras su dentención en marzo de 1999.

Entre este material incautado a "Kantauri" se encuentra un escrito elaborado por KAS y dirigido a la cúpula de ETA en la que se repasa todas las acciones llevadas a cabo por las organizaciones "satélite" y, en concreto, se habla de la necesidad de organizar una nueva "campaña de lucha" protagonizada por los presos etarras a través de huelgas de hambre, unas acciones que tenían que ser impulsadas por Gestoras Pro Amnistía.