Este es el diagnóstico de un estudio realizado por José Viñals, miebro del Servicio de Estudios del Banco de España, bajo el título "¿Es posible la convergencia en España?", al que tuvo acceso Servimedia, en el que analiza las principales dificultades que se interponen ante nuestro país para cumplir los requerimientos de Maastricht.

El experto del Banco de España defiende, entre otras medidas, la revisión de la cuantía y duración del subsidio de paro, para estimular "la voluntad y capacidad de los parados para competir por los puestos de trabajo disponibles" y "abaraar los costes pecuniarios y administrativos que recaen sobre las empresas a la hora de ajustar sus plantillas".

También aboga por profundizar en los procesos de liberalización reduciendo la presencia del sector público "en aquellos ámbitos (como educación, sanidad, transporte, etc.) en los cuales el sector privado esté en disposición de ofrecer similares servicios en condiciones satisfactorias", así como por "reactivar con carácter selectivo el proceso de privatizaciones para mejorar el grado de compeencia en ciertos mercados".

SITUACION POCO SATISFACTORIA

Su diagnóstico es que "la situación actual de la economía española en relación con el cumplimiento de las condiciones de convergencia nominal establecidas en el Tratado dista mucho de ser satisfactoria, tanto en términos absolutos como en relación a otros países de la Unión Europea", especialmente en lo que se refiere al déficit público y a la inflación.

Viñals hace hincapié en que no cabe disociar las dificultades para lograr la convergecia nominal (en los indicadores de inflación, tipos de interés, déficit y deuda pública) de los problemas crónicos de la economía española para avanzar en la convergencia real.

"Por lo que a la convergencia nominal se refiere", argumenta, "la existencia de un suelo al proceso inflacionista del 4,5 por ciento ha provocado que, a pesar de los progresos realizados, la inflación española siga siendo actualmente una de las más elevadas de la Unión Europea y que el diferencial de inflación respecto a los pases más estables de la Unión no se haya podido reducir por debajo del 2,6 por cien".

En cuanto a la convergencia real, "la economía española ha sido incapaz de acortar distancias de forma sostenida respecto a la Unión Europea en términos de renta per capita y, en cambio, ha experimentado un crecimiento casi continuado del paro que, incluso en los momentos de mayor auge, parece encontrar un suelo en torno al 16 por ciento".

El informe apunta como principales obstáculos tanto de la convergencia rea como de la nominal "el inadecuado comportamiento del sector público, reflejado en la ausencia del debido rigor presupuestario y el deficiente funcionamiento de nuestros mercados".

El estudio añade contundentemente que estos problemas de fondo, "pendientes de resolver desde hace mucho tiempo, se han venido reflejando en la puesta en práctica de combinaciones de políticas macroeconómicas internamente inconsistentes e incompatibles con las exigencias del proceso de convergencia y en la manifiesta resistncia de precios y salarios a moderar adecuadamente su evolución ante empeoramientos de la situación económica".

NO RELAJARSE

Viñals alerta también ante las posiciones que restan importancia a la necesidad de mantener los esfuerzos de convergencia y tienden a subestimarla con el argumento de que no están claras cuáles son las fechas para cumplir los requisitos de Maastricht.

A este respecto, subraya que "la incertidumbre acerca de si el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria se va a eectuar en 1997 ó en 1999 no debe llevar a subestimar la necesidad de realizar avances sustanciales en el proceso de convergencia nominal desde ahora hasta 1996, año en la que tendrá lugar el primer examen de convergencia".

"En particular, si la Unión se crea en 1997, el aprobar el examen de 1996 será decisivo para estar entre los países que accedan a la misma en dicha fecha", advierte el informe, "y si la Unión Económica y Monetaria se retrasa hasta 1999, el mostrar una evolución favorable del procesode convergencia cuando tenga lugar el primer examen de 1996 será decisivo para convencer a los mercados acerca de las posibilidades reales de España de estar en la Unión en 1999".

"Por el contrario", indica, "si no se consigue progresar adecuadamente en la convergencia en estos próximos años, se corre el riesgo de que nuestro país baje enteros en la consideración de los inversores internacionales, al valorar estos negativamente las posibilidades de acceso de España a la Unión Económica y Monetaria". El informe asegura que "la solución de los problemas de fondo de la economía española pasa, necesariamente, por una política económica creíble y decidida que tenga como ejes básicos: instrumentar una política monetaria firmemente anclada en la consecución de la estabilidad de precios; replantearse el papel desempeñado por el sector público; y llevar a cabo profundas reformas estructurales en los mercados de servicios y en el mercado de trabajo".

En esta línea, considera un paso positivo para garantzar la estabilidad de los precios la entrada en vigor de la Ley de Autonomía del Banco de España, pero advierte que "la inflación sólo podrá ser abatida de forma duradera si el conjunto de la política macroeconómica -y no sólo la política monetaria- se orienta firmemente a la consecución de un ritmo de crecimiento sostenido en condiciones de estabilidad nominal".

Para ello, es necesaria una evolución disciplinada del gasto público, lo que exige "reformar a fondo la Administración Pública", profundizarla reforma laboral abaratando el despido y revisando el seguro de desempleo, y ceder terreno a la empresa privada en ámbitos en que ahora tienen una amplia presencia el sector público, como la educación, el transporte y la sanidad.

El informe concluye que "la pronta instrumentación de las políticas anteriores en torno a un calendario preciso y creíble resulta imprescindible para que la actual recuperación económica en la que está inmersa nuestro país dé paso a un proceso de crecimiento sostenido y genrador de empleo, y para que España esté en condiciones de acceder sin retrasos y en condiciones favorables a la futura Unión Económica y Monetaria".