Esta es la postura expresada por el Gobierno en la respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por el diputado de IU, Antonio Romero, en la que se preguntaba por las medidas que el Gobierno adoptaría sobre la empresa, tras su enaenación por el Patrimonio del Estado.

Según la respuesta gubernamental, a la que tuvo acceso Servimedia, la ampliación de capital efectuada en 1989 y las inversiones realizadas en la década de los ochenta, cuando la empresa era de propiedad estatal, limitan ahora la acción pública para salvar la factoría.

La Comisión Europea cifra en unos 14.000 millones de pesetas la ayuda ofrecida por el Estado a Intelhorce, medida que las autoridades comunitarias consideran contraria al Tratado de Adhesión de spaña a la CE.

Por su parte, las empresas italianas Benorbe y Benservice, actuales propietarias de General Textil Española, están negociando con el grupo sevillano Hytasa la venta de la fábrica.

Además, el comité de empresa ha denunciado que los propietarios de la firma mantienen la planta productora al 60 por ciento de su capacidad, "debido a la falta de las materias primas necesarias para su funcionamiento normal".

La causa de esa situación de inactividad es el deseo de los italianos de matener al mínimo las inversiones, a la espera de lograr la venta de Intelhorce a la sociedad textil sevillana.