La mayoría de ellos, el 80 por ciento, estuvieron motivados por tráfico y consumo de heroína, el 6,5 por ciento por el de hachís y el 5 por ciento por el de cocaína, según informó hoy la Delegación del Gobierno.

Por distritos, el de Centro acumuló el 65 por ciento de los expedientes, seguido de Fuencarral, con el 15 por ciento, y Los Cármenes y Usera, con el 5 por ciento. El resto se repartió entre otros barrios de la apital.

El artículo 25 de la conocida popularmente como "Ley Corcuera" tipifica como infracción grave el tráfico o consumo de sustancias estupefacientes en locales públicos y prevé como medida cautelar el cierre de los mismos por un periodo de tres meses, ampliable a seis, una vez sea firme la resolución del expediente.

Igualmente, establece sanciones económicas que oscilan entre 50.000 pesetas y un millón.

Durante 1991, la Delegación del Gobierno en Madrid procedió al cierre cautelar de 21 stablecimientos públicos por trafico y consumo de drogas.

Poco después de entrar en vigor la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, el delegado del Gobierno, Segismundo Crespo, denunció públicamente la existencia de cierta connivencia entre los propietarios de locales de diversión y los clientes que tomaban drogas en ellos, ya que los primeros, según Crespo, conocían la actitud de sus parroquianos, aunque no les recriminaban ni denunciaban su comportamiento a la policía.