Para Angel Olivares, la Guardia Civil en ningún momento presta transporte oficial a sus miembros y menos si es para trasladarlos hasta sus puestos de residencia. Agregó que desde hace tiempo está suspendido el transporte coectivo por cuestiones de seguridad.

A su juicio, la actuación de estos trece guardias civiles merece una apertura de expediente disciplinario por supuestas faltas graves al régimen disciplinario del cuerpo: dañar la imagen del cuerpo, infringir normas de seguridad, ir en grupo andando por la calzada y efectuar reclamaciones colectivas que no están permitidas entre los militares.

Los trece miembros de la Guardia Civil también habían demandado una vivienda en la Frontera de Caya, a lo que el delegao del Gobierno contestó que no es obligación de la Benemérita aportar una vivienda oficial a sus miembros, los que sí tienen obligación de residir en su puesto de residencia son los guardias civiles.

En cuanto a una supuesta promesa hecha por mandos del cuerpo de construir 60 viviendas en el puesto fronterizo de Caya, Olivares señaló que hay que ver si quien efectúa esa promesa tiene capacidad para hacerlo. Sea o no cierto, no modifica la valoración de la actitud llevada a cabo por los guardias civile.