Las empresas expedientadas forman parte de una muestra aleatoria de 78, que fueron inspeccionadas durante el último trimestre de 1991, dentr de una campaña lanzada por la Generalidad Valenciana en junio del año pasado.

De las 78 empresas inspeccionadas, todas ellas ubicadas en la provincia de Valencia, 41 incumplían la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), 15 la cumplían y 22 iniciaron trámites para normalizar su situación.

Las inspecciones se extenderán próximamente a las provincias de Castellón y Alicante. La idea del Ministerio de Trabajo, que colabora con la Generalidad Valencia, es utilizar esta experiencia como pruba piloto para extenderla posteriormente al resto de España.

Según fuentes de la Generalidad, el problema con el que se encuentran las autoridades laborales es doble: por una parte, el incumplimiento de la LISMI por parte de las empresas y, por otra, la insuficiente inscripción de personas minusválidas en las oficinas del INEM.