Bergade, que actualmente es el director del Hospital de la Vall d'Hebron, compareció hoy en el Juzgado número 9 de lo Penal de Barcelona acusado de "coacción y omisión del deber de socorro" por haber denegado el derecho a abortar a la denunciante.

Los hechos ocurrieron pocos meses espués de que se hubiera aprobado la ley de interrupción del embarazo. La paciente tenía entonces 39 años, cuatro hijos y sufría tromboflebitis con riesgo de embolia pulmonar y de muerte.

Estos problemas crónicos de circulación sanguínea no le permitían tomar anticonceptivos. Martín quedó embarazada en noviembre de 1985, y según manifestó hoy durante el juicio, el hijo que esperaba no era deseado.

El Instituto Catalán de la Salud (ICS) no aceptó la práctica del aborto en ninguno de sus centros. L representante legal de la mujer, María José Varela, cree que en este caso el ICS es responsable civil subsidiario.

Además de Jaume Bergade, que envió a María Rosa Martín a la ciudad sanitaria de la Vall d'Hebron, también serán juzgados todos los miembros de la comisión de evaluación de este centro.

Los otros acusados son Francesc Pla Clavell, José Antonio Somoza Acuña, Eugeni Castells Alpuente, Jorge Prats Viñas y Enric Serret Grau. Junto a Jaume Bergade se opusieron a practicar un aborto a Marí Rosa Martín, quien finalmente tuvo que hacerlo en una clínica de Amsterdam el 19 de diciembre de 1985.

El 3 de diciembre del mismo año, la comisión desestimó, en un informe, la petición de aborto, a pesar de que existían dos dictámenes firmados por las doctoras Mercé Gascó y Francisca Molero, que indicaban el peligro que corría la solicitante.

Para la comisión, el embarazo de Rosa María Martín "se podía controlar", ya que siempre cabía la posibilidad de "internamiento clínico". Según declaró hoyJaume Bergade, las dolencias de la mujer "no fueron consideradas como un riesgo importante para que se le practicara un aborto".

La acusación particular pide para cada uno de los delitos, además de los cinco millones, penas de 300.000 pesetas. El ministerio fiscal, por su parte, no ha presentado ningún escrito de acusación contra los ocho procesados.

La querella criminal presentada por esta mujer a raíz de los hechos ha dado lugar al primer juicio contra la sanidad pública española por la supuest inasistencia a una embarazada que padecía una enfermedad grave.