Según Fernández Camero, secretario del Ayuntamiento de El Padul (Granada) entre enero y abril de 1988, ninguno de los argumentos aportados por la fiscalía para implicarles en el proceso se mantiene jurídicamente en pie, dado que esta normativa fue derogada en su totalidad en 1985, con la aprobación de la nueva Ley de Bases de Régimen Local.

El ex secretario del Ayuntamiento de El Padl expresó su estupor por el hecho de que sólo hayan sido procesados ocho alcaldes, ocho secretarios de ayuntamiento y miles de jornaleros de la provincia granadina, y no todos los implicados en el fraude.

En opinión de Fernández Camero, el origen de este problema radica en la "mala regulación" del subsidio de desempleo para trabajadores eventuales del campo.

En opinión de José Fernández, de mantenerse el principio constitucional de igualdad, la Fiscalía debería haber implicado a alcaldes, secretaios y jornaleros de miles de localidades andaluzas, lo que convertiría este caso en el proceso del siglo.

A su juicio, la responsabilidad política de esta situación es del propio Gobierno, que fue quien redactó la normativa reguladora del Plan de Empleo Rural.

Agregó que el escándalo ha estallado en la provincia de Granada "por pura casualidad o, quizás, por la situación tan paupérrima que se palpa en diversos pueblos de la provincia granadina, una de las últimas en cuanto a renta 'per capita'". Aunque no justificó la actuación de los alcaldes implicados en el fraude, aseguró que la entiende, puesto que los ediles saben qué vecinos pasan en ocasiones verdaderos casos de necesidad.