Entre 1960 y 1990 unos 2.800 sacerdotes se secularizaron en España, así como 10.000 monjas y más de 6.000 religiosos. La mayoría no tienen derecho a una juilación, ya que hasta 1978 los sacerdotes y religiosos españoles no entraron en el régimen de la Seguridad Social.

Los secularizados, agrupados en el Colectico de Sacerdotes y Religiosos Secularizados (COSARESE), piden que se les reconozca no sólo una jubilación, sino también todos los años al servicio de la Iglesia católica, y exigen a la Conferencia Episcopal que pague las cotizaciones por ese período.

Con tal fin, COSARESE ha convocado para el próximo lunes una concentración frente a la sede d la Conferencia Episcopal, con ocasión de la apertura de la sesión plenaria, en la que harán entrega de un manifiesto respaldado por 12.000 firmas.

A juicio de Llamazares, quien indicó que el problema ha sido planteado a su departamento por la Conferencia Episcopal Española, las reivindicaciones de este colectivo podrían satisfacerse sólo parcialmente.

Según el director general, parece razonable equiparar a estos ex sacerdotes, de cara a la jubilación, con los que están en activo en las cotizacioes a la Seguridad Social. La Administración estaría dispuesta a reconocer el tiempo que les falte por cotizar a los secularizados que, dada su edad, no cumplen con los quince años mínimos de servicio (período mínimo exigido para tener derecho a cobrar una jubilación).

Sin embargo, reconocer a este colectivo todos los años al servicio de la Iglesia católica plantea serias dificultades legales y económicas, según el director general de Asuntos Religiosos, ya que los sacerdotes y religiosos no entraron e el régimen de la Seguridad Social antes de 1978.

Según Llamazares, si se accede en esta reivindicación de los secularizados, los sacerdotes que continúan en activo estarían en su derecho a exigirlo también, así como otros colectivos, por lo que "desde el punto de vista del principio de igualdad no es fácil articular una salida razonable".

Además, explicó el director general a esta agencia, supondría un montante económico muy alto y "disparatado" y habría que determinar quién corre con ese gasto,si la Conferencia Episcopal o ellos mismos como autónomos.