El colectivo asegura que el Estado tiene suficientes recursos, por lo que no pueden aceptar el pretexto de la falta de dinero. "Lo que debe hacer", señala la asociación en un comunicado, "es distribuirlo por prioridades y equitativamente, porque este es un compromiso que adquirió y debe cumplirlo sin ás demora".

El 30 de junio del año pasado, el Parlamento aprobó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que fijaba una indemnización de un millón de pesetas por tres años o más de prisión y otras 200.000 por cada tres años completos adicionales.

Sin embargo, la Asociación de Ex-Presos y Represaliados Políticos manifestó desde un principio que la indemnización era "injusta y restrictiva".

Los integrantes del colectivo consideran que tres años es un "techo muy alto, que frustrarí las posibilidades de encauzar su futuro a los que estuvieron encarcelados un año, dos años y dos años y once meses".

Otra de sus críticas es que la enmienda establece la compensación económica para los que sufrieran cárcel en establecimientos penitenciarios, mientras que la asociación estima que las personas que estuvieron en campos de trabajo forzado deberían tener el mismo reconocimiento.

"¿Acaso no eran prisioneros los que estuvieron en ellos? ¿Son necesarias únicamente cuatro paredes para teer prohibida la libertad?", añade el comunicado.

Los ex-presos políticos antifranquistas recuerdan que son "una parte importante de la historia de España reciente", que contribuyeron con su dedicación y sacrificio a que la libertad y democracia llegaran a nuestro país, por lo que reclaman una indemnización "justa y digna".