Los hechos tuvieron lugar en noviembre de 1988 cuando el concejal de la coalición abertzale de Fuenterrabía desapareció durante varios días, tras los cuales denunció haber sido sometido a torturas con quemaduras de cigarrillos y con la grabación de las siglas GANE (Grupo Antiterrorista Nacional Español) en el pecho, de las que acusaba a la Guardia Cvil.

Debido a estos hechos, Goñi Tirapu declaró que "vecinos de Fuenterrabía, que le conocen bien, me han asegurado que es capaz de dejarse hacer estas señales en el cuerpo, y más pensando en su causa. Esto es sencillamente masoquismo".

Por ello, Fermín Urtizberea interpuso una denuncia en el juzgado donostiarra contra el Gobernador Civil por injurias y calumnias. Su abogado, Miguel Castell, solicitó, para el entonces gobernador civil, una pena de 6 años de prisión, una multa de 300.000 pesetas y15 millones en concepto de indemnización por ambos delitos.

Durante la vista, la defensa de Goñi Tirapu, el abogado Iñaki González, solicitó la prescripción de la causa alegando que, tal y como establece la ley, la causa debe prescribir si en el plazo de un año ésta ha permanecido paralizada. Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia donostiarra, Luis Navajas, se mostró contrario a la prescripción, a pesar de que iba a solicitar la libre absolución del acusado.

En el juicio se encontraban prsentes entre el público, altos cargos socialistas guipuzcoanos, como el ex ministro de Justicia, Enrique Múgica, y su hermano, Fernando Múgica. También asistió a la vista el máximo representante de la lucha antiterrorista en este territorio, el coronel de la Guardia Civil Enrique Rodriguez Galindo.

A la salida del juzgado, José Ramón Goñi Tirapu, se dirigió a los medios de comunicación para afirmar que "es muy sorprendente que todavía hoy, que la sociedad vasca reacciona contra los violentos y los queles apoyan, aún se pidan, por ejercer la libertad de expresión, 6 años de prisión por un abogado defensor de etarras y Egin, cuando Egin hace todos los días manifestaciones que llevan a asesinatos".

Ahora, las partes tienen un plazo de tres días para recurrir el auto de prescripción dictado por el juez. El abogado particular del concejal de HB anunció su intención de hacerlo.