Tras su declaración, la defensa de Agirre solicitó a Garzón la retirada la imputación que pesa sobre el ex dirigente nacionalista, quien está acusado un delito de colaboración con ETA.

En su comparecencia ante Garzón, que duró cerca de una hora, el ex dirigente nacionalista explicó que siempre que acudía a él un empresario extorsionado por ETA le recomendaba no sólo no pagar el dinero demandado, sino que ni siquiera acudiese a la cita con los etarras.

De hecho, Agirre dijo a Garzón que aconsejaba a los empresarios ponerse en contacto con el departamento del Interior del Gobierno Vasco para denunciar el chantaje de los etarras y, si los industriales eran afiliados del PNV, les advertía de que el simple hecho de pagar el dinero demandado por ETA podía suponer la expulsión del partido.

Según su declaración, los empresarios extorsionados acudían a Aguirre porque él, debido a sus conocimientos del mundo etarra, podía determinar si las cartas de extorsión de ETA eran auténticas o falsas.

La abogada de Agirre, Arantxa Isasmendi, explicó que el ex dirigente del PNV tenía un amplio conocimiento del mundo etarra porque, como sobrino del ex lehendakari José Antonio Agirre, vivió durante toda la dictadura de Franco exiliado en el País Vasco francés, donde conoció, no sólo a muchos militantes de ETA, sino también "a miembros del Partido Socialista en el exilio y a dirigentes de sindicatos".

Fuentes jurídicas explicaron que Garzón decidió imputar a Agirre tras recibir un informe policial en el que se daba cuenta de las conversaciones telefónicas intervenidas al ex responsable del aparato internacional del PNV.

En una de las conversaciones telefónicas, según la policía, Agirre decía que tenía "ocho botellas de vino" para entregar, una expresión que se utiliza habitualmente en el pago del dinero demandado por ETA, en el que cada "botella de vino" corresponde a 6.000 euros.

El propio Agirre negó haber sido el protagonista de la citada conversación y solicitó a Garzón que se le practicara un reconocimiento de voz para poder cotejar esta prueba con las grabaciones policiales y demostrar que no es el autor de las mismas.

APOYOS A AGIRRE

Esta misma mañana, y antes de que se produjera la comparecencia de Agirre, declaró ante Garzón el empresario guipuzcoano José Ramón Araolaza, quien defendió en todo momento la legalidad de las actuaciones del ex responsable de las relaciones internacionales del PNV.

Araolaza ponía en contacto con Agirre a los empresarios extorsionados por ETA que acudían a él. El empresario explicó que lo hacía porque "confiaba plenamente" en el ex dirigente nacionalista debido a que este le "apoyó mucho" cuando la banda terrorista asesinó a su cuñado y secuestró a su socio en 1985.

Este testigo dijo que Agirre recomendaba a los empresarios extorsionados que le pedían consejo que no pagasen el impuesto, que no acudiesen a la cita con los etarras y que se pusiesen en contacto con el departamento de Interior del País Vasco.

Por otro lado, Agirre ha recibido el apoyo de un antiguo responsable de la lucha contra ETA en Francia, el comisario Joel Catalá, quien ha remitido una carta al juez Garzón en la que defiende la valía personal y profesional del ex responsable del aparato internacional del PNV.

En la citada misiva, el ex comisario francés se ha comprometido a demostrar la moral de Agirre y se ha puesto a disposición del magistrado.

Además, la Ejecutiva del PNV ha expresado esta mañana su solidaridad con Agirre, a quien ha trasladado a través de un comunicado su "cariño en estos momentos que está pasando" y se ha mostrado convencida de su inocencia.

NUEVOS TESTIGOS DEL PNV

La declaración de Agirre se completará con la comparecencia ante Garzón, el próximo 19 de mayo, del actual presidente del PNV, Íñigo Urkullu, del dirigente de esta formación en Guipúzcoa Joseba Egibar y del ex presidente nacionalista Xabier Arzalluz, que declararán ante el magistrado en calidad de testigos.

Según señalaron fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, estas comparecencias solicitadas por la defensa de Agirre pretenden conseguir que el juez revise la situación procesal del ex responsable dirigente del PNV y revoque su condición de imputado.

Las fuentes consultadas explicaron que es difícil que su parecer sobre la implicación de Agirre en la causa varíe con el contenido de las declaraciones de sus compañeros de partido.

Todas estas comparecencias se producen en el marco de la investigación que Garzón lleva a cabo desde 2006 sobre el envío de cartas de extorsión por parte de ETA a empresarios vascos y el cobro del "impuesto revolucionario" en el bar "Faisán" de Irún (Guipúzcoa).

Además de este sumario, Garzón instruye otras dos causas relacionadas con el aparato de extorsión de ETA, una que investiga las cuentas bancarias que el dueño del bar "Faisán", Joseba Elosua, tiene en paraísos fiscales europeos y otra que indaga el presunto chivatazo policial que alertó de la operación que se iba a llevar a cabo en el citado bar.