Abril, que declaró en calidad de testigo a petición de las acusaciones y con el visto bueno del fiscal encargado del caso, Jesús Caballero, explicó que en el SCH trabajó como director general de Comunicación y Estudios Económicos.

En este sentido, añadió que no formó parte de los consejos de administración en los que se aprobaron los contratos de José Marí Amusátegui y Angel Corcóstegui, ex co-presidente y ex vicepresidente del SCH respectivamente. Así, reiteró que nunca supo nada, "ni directa ni indirectamente", de tales acuerdos.

Según fuentes jurídicas, tras la declaración de Abril, el fiscal del caso, Jesús Caballero, considera que la investigación del asunto está prácticamente en su fase final, aunque no descarta solicitar nuevas diligencias, según informaron fuentes jurídicas.

Abril, que actualmente es director general de Medios, Marketing yContenidos de Telefónica, así como presidente de la división de Contenidos de la mencionada compañía, declaró en relación al caso que instruye la juez Palacios sobre la bonificación de 43,75 millones de euros que el SCH abonó a su ex co-presidente, José María Amusátegui, así como al pago de 108 millones a su ex vicepresidente Angel Corcóstegui.

QUERELLAS

La querella, presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui, fue admitid a trámite el pasado 5 de noviembre.

La magistrada apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría supuestamente contra los intereses de los accionistas.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en losestatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".

Por su parte, la denuncia presentada por Rafael Pérez Escolar, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

Además, argumentó que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco de España fueron informados de ls razones por las que Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero delegado.

Fue a principios del pasado mes de marzo cuando la magistrada decidió acumular en la misma causa el caso abierto contra Amusátegui y la denuncia que el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por el pago a Corcóstegui.