Según el auto de procesamiento, entre finales de 1986 y de 1992 -años en los que García Villoslada fue máximo responsable de la instiución- "con cargo a los fondos que trimestralmente se recibían en la Delegación del Gobierno en concepto de gastos protocolarios se realizaron imputaciones de gastos inexistentes, que por diversos procedimientos se justificaban, siempre mediante documentos falsos, ante la Intervención Delegada del Ministerio de Economía y Hacienda".

Desde hace varios meses el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona investiga la malversación de fondos públicos detectada en la Delegación del Gobierno en Navarra. Tre personas que fueron subordinados de García Villoslada se encuentran también procesadas por estos hechos.

En su anterior comparecencia, el pasado viernes, el ex delegado reconoció que era práctica habitual hacer facturas duplicadas o que se falsificaran de las cuentas de protocolo. De acuerdo a sus manifestaciones, esta necesidad de cuadrar la contabilidad tenía por objeto guardar fondos para ser utilizados en momentos de necesidad. García Villoslada llegó a asegurar que tales actuaciones eran comunesen todas las delegaciones del Gobierno de España.

Frente a las peticiones de fianza de 2 millones realizadas por el fiscal, el abogado del Estado y el Parlamento foral y de 20 millones efectuada por la acusación particular, el juez Antonio Rubio determinó un cantidad de 10 millones para eludir la prisión provisional.

Poco después, el abogado de Jesús García Villoslada aportó los avales que permitían a su defendido no ingresar en prisión, si bien deberá comparecer en el juzgado pamplonés o en otrode Madrid, ciudad en la que habita, los días 1 y 15 de cada mes.

Tras conocerse el auto, la defensa del procesado indicó que la fianza era "excesiva y contradictoria con la petición fiscal", por lo que anunció que recurrirá la decisión del juez.

Según éste, la malversación de caudales está constatada por la documentación que obra en su poder y por las declaraciones de otro de los procesados, el secretario particular de García Villoslada, quien ha asegurado que actuaba de conformidad con las instrcciones recibidas por sus superiores.

Otros testigos, de acuerdo con el auto de prisión, avalaron la existencia de una falsedad documental de la que, dijeron, el entonces delegado del Gobierno en Navarra era conocedor.

El juez Rubio, que también ha requerido 13 millones en concepto de responsabilidad civil, justifica los 10 millones solicitados de fianza "dada la especial significación del cargo que el procesado ostentaba en el momento en el que se cometieron los supuestos delitos que se le imputn y la especialísima responsabilidad derivada de dicho cargo en la comisión de los mismos", así como las cantidades malversadas.