Al igual que hiciera hace tres semanas el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido en la trama con el apodo de "El albondiguilla", López y Sepúlveda alegaron que no declararán hasta que se conozca que tribunal se queda finalmente con la causa tras la inhibición anunciada por Garzón.

Los dos ex alcaldes, que estuvieron en el despacho de Garzón poco más de diez minutos cada uno, quedaron en libertad sin medidas cautelares a instancias de las fiscales anticorrupción encargadas el caso, Miriam Segura y Concha Sabadell.

Según los datos recogidos en los autos de Garzón, López habría recibido de la trama de corrupción sobornos en dinero negro por valor de 523.429 euros, mientras que Sepúlveda habría obtenido 422.992 euros.

También quedaron en libertad sin medidas cautelares las otras dos personas que comparecieron hoy ante Garzón: el ex director general de Gestión Urbanística y Consumo de Boadilla del Monte (Madrid), Tomás Martín Morales; y Ricardo Galeote, ex concejal del Estepona (Málaga) y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote, el único de los cuatro imputados que sí declaró ante el magistrado.

A pesar de quedar en libertad, todos ellos siguen imputados en la causa por los delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Los que no comparecieron hoy ante Garzón a pesar de estar citados fueron Jóse Galeote, padre del eurodiputado del PP y ex concejal de Boadilla del Monte (Madrid), y el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado, que se encuentra en el extranjero.

En el caso de José Galeote, de 83 años, su hijo Ricardo explicó que no ha podido asistir a su cita con Garzón ya que tuvo que ser hospitalizado anoche por problemas cardiacos. Su abogada ha aportado a Garzón el certificado del ingreso hospitalario.

Una de las imágenes más sorprendentes de la mañana la ofreció Ricardo Galeote, que vino acompañado por su abogado, el antiguo juez de instrucción de la Audiencia Nacional Javier Goméz de Liaño, enemistado con Garzón ha raíz del "caso Sogecable". Goméz de Liaño fue inhabilitado por un delito de prevaricación por este caso.

Ricardo Galeote solicitó al juez que le retire la imputación. Durante su comparecencia, aportó documentos y aseguró que no ha percibido ningún dinero ajeno a su puesto como concejal de Estepona, según explicó Gómez de Liaño.

PAGO DE SOBORNOS

Los seis nuevos imputados citados hoy ante Garzón habrían recibido de las empresas de Correa un total de 2.521.005 euros en dinero negro, según se recoge en los autos del magistrado.

En lo referente al alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, Garzón le acusa de haber realizado "acciones de intermediación" para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en su municipio a favor de las empresas de Correa, a cambio de las caules habría recibido comisiones por un valor total de 523.429 euros.

Por su parte, Garzón acusa a Tomás Martín Morales de haber participado desde su puesto como consejero de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte en "la adjudicación de contratos" a diferentes empresas creadas por Correa.

Entre otras adjudicaciones, las sociedades de Correa obtuvieron un contrato de 14 años para gestionar la oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla. A cambio de estas gestiones, Martín Morales habría obtenido en dinero negro un total de 378.172 euros.

En cuanto al alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, Garzón tan sólo señaló que aparece en la contabilidad "B" de la trama empresarial de Correa y que en ella se le atribuyen cobros por un total de 422.992 euros.

Lo mismo sucede en el caso de José Galeote (612.506 euros), de su hijo Ricardo (42.469 euros) y de Carlos Clemente Aguado (16.000 euros).

Las cuatro personas que comparecieron hoy ante Garzón así como los dos que finalmente no se presentaron en el juzgado fueron imputados el pasado 5 de marzo, el mismo día que el magistrado anunció su inhibición a favor de Madrid y Valencia y aconsejó la imputación del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y del secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa.

Además, ese mismo día, y en el auto referente a Madrid, Garzón aconsejó la imputación de los aforados madrileños del PP Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo. Con la ampliación de las personas implicadas, Garzón elevó de 37 a 45 el número de imputados.