La indemnización deberá ser abonada por cuatro ex concejales deUnidad Gijonesa (UGj), José Manuel Palacio, Armando Joaquín Nosti, Luis González y Celedonio Calvo, quienes en 1994 presentaron una querella en la que acusaban al entonces alcalde de haber defraudado cientos de millones de pesetas, y que finalmente fue archivada.

El Supremo solventa en este caso el conflicto entre libertad de información y derecho al honor en favor de este último, al argumentar que una de las condiciones necesarias para dar primacía a la libertad de expresión es que la información seaveraz.

Respecto a la veracidad de los hechos que motivaron la querella presentada en 1994, el Alto Tribunal explica que "no se intuye el más mínimo indicio" de que el entonces alcalde hubiera adoptado, tres años antes, "decisiones manifiestamente injustas con el ánimo de defraudar al municipio (Gijón)", por lo que condena a los demandantes a indemnizar al ex alcalde.

"Nos encontramos con el uso bastardo que a veces es empleado en el área política, como es el interponer una querella sobre delitos e gran carga social infamante, a pesar de no tener base alguna fáctica y técnica, contando con el impulso 'difusor' que dichos actos procesales penales tienen en los medios de comunicación social, que casi de inmediato provocan el denominado 'juicio paralelo', en todos sus nefastos efectos para la honorabilidad de las personas", añade la sentencia.

El Supremo ratifica así una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había rebajado la indemnización fijada anteriormente por el juzgado de primra instancia en 2.750.000 pesetas, y establecía la obligación de publicar la resulución de la Audiencia en los periódicos de la región "El Comercio", "La Nueva España" y "La Voz de Asturias".