Por contra, defendió como una mejor alternativa la Ley sobre los derechos de información concernientes a la salud y autonomía del paciente, y la documentación clínica, que aprobó el Parlamento catalán el pasado mes de diciembre.

"En esta ley -explicó- se prevé el llamado testamento vital o documento de voluntades anticipadas, mediante el cual cualquier ciudadano se dirige al médico responsable para darle instrucciones a tener e cuenta cuando se encuentre en una situación física que no le permita expresar personalmente su voluntad", aclaró.

"Según el documento de voluntades anticipadas, las personas dicen qué tipos de tratamientos están dispuestas a sufrir y cuáles no, así como qué curas paliativas pueden adoptarse en su caso", señaló el portavoz de CiU.

Jaume Camps precisó que este documento tiene dos límites. "En primer lugar, que no se incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico, es decir, no se permit la eutanasia activa, que equivale a la ayuda del suicidio, delito según el código penal español".

"El segundo límite", prosiguió, "es la buena praxis médica, es decir, que al médico no se le puede obligar a practicar la eutanasia activa, pero sí tendrá que aplicar curas paliativas que indirectamente acaben con el sufrimiento insoportable de un paciente", finalizó.